Con una fila formada por unas 100 personas frente al Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), donde se encuentran los Equipos de Valoración y Observación de la Discapacidad, en Santiago, personas con discapacidad han querido simbolizar y denunciar la «desesperante espera», en ocasiones de «hasta dos años» para obtener una valoración del grado de discapacidad.
Se trata de una campaña organizada por la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebra este 3 de mayo.
Bajo el lema ‘Espera y Desespera’, el objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la «desesperante espera» que miles de personas con discapacidad viven desde hace años para conseguir «una valoración a tiempo» y demandar un baremo actualizado.
Para conmemorar esta efeméride, las personas que se han reunido este martes en Santiago han denunciado que no recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad en tiempo perjudica a las personas con discapacidad en «el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud» y también impide «acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades». «Es un sistema de derechos al que se nos impide acceder», han subrayado miembros de la organización en la lectura de un manifiesto.
En este sentido, han censurado que el tiempo de espera medio se encuentra en los 11 meses, pero aseguran que hay personas que han tenido que esperar «hasta 36 meses» para conseguir la valoración.
Uno de esos casos, y que este martes encabezaba la fila reivindicativa, es el de Ricardo Mareque, que ha manifestado que ha tenido que esperar 16 meses para que le fuese concedido un grado de discapacidad del 67%.
Además, aunque reconoce que no ha sido su caso porque el sí puede valerse por si mismo, ha criticado también que, una vez concedida la discapacidad, la administración tarda «meses o hasta un año» en poner a disposición de esa persona los medios necesarios para que sea atendida. Una situación que, ha añadido, padecen especialmente las personas mayores.
En esta misma línea, ha denunciado que hay personas que fallecieron antes de ser resuelta la petición y que han tenido que estar «todo el tiempo de espera» sin recibir apoyos en el momento en que los necesitaban.
NUEVO BAREMO DE DISCAPACIDAD
Por otra parte, en el manifiesto que han leído las convocantes de este acto, han demandado un nuevo baremo de discapacidad, ya que no se actualiza desde el año 2001. Consideran que el baremo está «desfasado» desde hace 21 años, cuando la OMS aprobó la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y desde que en 2006 las Naciones Unidas aprobaran la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. «No podemos esperar más», han lamentado.
Por ello, han indicado que es «urgente» poner en marcha el nuevo baremo del grado de discapacidad porque incorpora mejoras para el reconocimiento vinculadas a la discapacidad orgánica, como «la fatiga y el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursan con brote».
En todo caso, han criticado que este nuevo baremo «no es el ideal», ya que aseguran que «no aporta certezas sobre su despliegue» y tampoco indica qué elementos va a incorporara frente a los «grandes retrasos en la valoración y revisión del grado de discapacidad» y frente a la «infradotación de recursos en los servicios», que «dificulta y condiciona la implantación».
Así, han anunciado que seguirán reclamando mejoras porque reivindican que asegurar la valoración en tiempo y forma es «una cuestión de derechos». «Las personas con discapacidad necesitamos contar con una burocracia rápida y efectiva que promueva la inclusión y aporte las medidas de apoyo necesarias para derrumbar las barreras a las que nos tenemos que enfrentar en el día a día», han concluido.
Este martes también se han formado estas filas reivindicativas delante de edificios públicos para reclamar estas mismas demandas en otras ciudades gallegas como Lugo, Pontevedra y Vigo. En total, en toda España, se ha llevado a cabo esta iniciativa en 18 ciudades para protestar contra esta «espera infinita».
DERECHOS DESDE LA INFANCIA
Además, el Comité de entidades de representantes de personas con discapacidad de Galicia (Cermi Galicia) ha presentado este martes un manifiesto con el foco en los niños y niñas con discapacidad, «uno de los colectivos más vulnerables».
Bajo el título ‘Niñas y niños con discapacidad, inclusión desde el principio’, han reclamado que la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben comenzar desde la infancia, ya que señalan que en esta primera etapa las niñas y los niños con discapacidad y su entorno familiar están «más expuestas a la quiebra de sus derechos y a sufrir la carencia de apoyos y recursos que comprometan su proceso de inclusión, lo que condiciona gravemente su futuro».
En esta misma línea, destacan la necesidad de identificar ydetectar las situaciones de discapacidades en la infancia «lo mástempranamente posible». Además, han detallado que se debe regular la atención temprana y el desarrollo infantil como «derechos subjetivos exigibles, vinculantes, universales y gratuitos para toda la infancia con discapacidad», así como «con deficiencias o alteraciones de salud y en el desarrollo susceptibles de generar una situación de discapacidad».
Asimismo, han demandado para la infancia con discapacidad una atención y prestaciones sanitarias de calidad, y entornos seguros, en los que quede preservada siempre su integridad y bienestar, protegidos contra cualquier forma de violencia, maltrato y abuso, especialmente del acoso asociado a motivos de discapacidad.
RECEPCIÓN EN EL PARLAMENTO DE GALICIA
Este manifiesto ha sido entregado este martes por una delegación del Comité de entidades representantes de personas con discapacidad (Cermi), encabezada por su presidente, Luciano Fernández Pintor, al Parlamento de Galicia.
Allí, han sido recibidos por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, que ha estado acompañado por una representante de cada grupo parlamentario: Rosalía López (PPdeG), Olaia Rodil (BNG) y Marina Otero (PSdeG-PSOE).
Las entidades han reivindicado el derecho de la infancia con discapacidad a una imagen social «positiva y respetuosa» y al derecho al ocio inclusivo. En este sentido, han defendido un abordaje de las situaciones de discriminación contra la infancia con discapacidad desde «una perspectiva interseccional», además de recalcar que es preciso combatir «por todos los medios» la soledad forzosa en los niños y las niñas con discapacidad.