La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha advertido de que es «imperiosa» la reforma de la ley de violencia de género estatal para «ampliar el concepto de violencia de género» y, así, adaptarla al Convenio de Estambul.

«Es imperiosa la necesidad de ampliar el concepto de violencia de género manejado en la legislación española para adaptarlo a las exigencias del Convenio de Estambul», ha manifestado, en respuesta a una entrevista de Europa Press, en la que ha sido preguntada por el caso en proceso judicial del atropello mortal a una joven en Barro (Pontevedra).

Fernández Galiño no ha querido valorar el caso concreto, puesto que está pendiente de juicio. «Pero habría que reflexionar qué pasaría si lo fuese y no se pudiese considerar violencia de género porque nuestra legislación no está correctamente ajustada al Convenio de Estambul», ha apuntado, en referencia a un documento suscrito por España y que incluye otras formas de violencia machista más allá de la relación de pareja o ex pareja.

En este sentido, y teniendo en cuenta la prohibición de retroactividad del artículo 9.3 de la Constitución, la valedora sostiene que «estaría bien contemplar la retroactividad en este caso para adaptar la legislación en este sentido». «Aunque no le devuelva la vida a quienes ya la perdieron, ayudaría a reparar la situación de otras víctimas», ha apostillado.

«DEBEN DE ESTAR CONSTANTEMENTE ACTUALIZADAS»

«Las leyes de violencia de género, así como las de igualdad, deben de estar constantemente actualizadas para que las nuevas manifestaciones de violencia y desigualdad sean consideradas adecuadamente por la ley con la finalidad de prevenirlas y, en su caso, sancionarlas sin espacios de impunidad», ha afirmado la valedora do Pobo.

A su juicio, la ley española de violencia de género, del año 2004, tiene «un pecado original», porque en ella solo se regula la relación de pareja o ex pareja. «Tuvo un aspecto positivo, de concentrar los esfuerzos en la manifestación más preocupante en aquel momento por el elevado número de víctimas y por el defectuoso tratamiento legal, pero al mismo tiempo propició el olvido de las demás manifestaciones de violencia de género», ha advertido.

En este sentido, la defensoría gallega advierte de que esta «carencia» se ha visto «más visible» desde el Convenio de Estambul (2011), que recoge un concepto más amplio de violencia de género que el manejado en la ley en vigor. Frente a ello, la ley gallega de violencia de género (2007) en su redacción originaria ya manejaba un concepto más amplio y recientemente incluyeron la ciberviolencia o la trata.

Sobre la situación futura, la valedora reconoce que los derechos humanos «se encuentran en permanente riesgo de retroceso y eso es particularmente cierto en los derechos de las mujeres». En este sentido, ha avisado de que la pandemia «puso en riesgo muchos de los logros alcanzados por las políticas de igualdad en determinados sectores profesionales muy feminizados», como la sanidad, el sociosanitario o la asistencia en el hogar.

Paralelamente, en el ámbito de la violencia, «se dificultaron las denuncias por violencia doméstica» y se «incrementó» el ciberacoso.

«LO QUE NO TIENE NOMBRE, NO EXISTE»

Dolores Fernández Galiño reflexiona acerca de que la violencia de género en las relaciones de pareja «existe desde siempre en la Historia de la Humanidad», pero hasta los años 80 «parecía que no». «El feminismo le puso nombre y motivó la actuación de los poderes públicos y la concienciación de la sociedad. Y es que lo que no se nombra, es como si no existiese», ha observado.

Al hilo de ello, ha puesto de manifiesto que «algo similar» pasa ahora con algunas manifestaciones de violencia de género sin relación previa. «Existieron desde siempre, pero ahora se visibilizan, premisa necesaria para luchar contra ellas», ha apostillado.

En este sentido, y puesto que la «preocupación ya está en la sociedad, que ve como las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres», la Valedora do Pobo «recogiendo ese temor y preocupación» inició una investigación de oficio, e ámbito estatal, que se remitió, por tanto, al Defensor del Pueblo.

En ella, se reclamó, en síntesis, la necesidad de «visualizar y atender» otras formas de violencia contra las mujeres, prestando especial atención a la violencia sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados.

«UNA ANOMALÍA»

«Van a cumplirse ya seis años sin que el propio legislador articule una normativa positiva que recoja muchas de las indicaciones de la declaración programática, y ocho años desde que se asumieron los dictados del Convenio de Estambul, resultando de especial relevancia lo que se refiere a la conceptualización legal de la violencia de género que aún está ceñida al ámbito del matrimonio o relación de significación análoga», ha expuesto.

Fernández Galiño ha advertido de que se trata de una «anomalía», no solo con el convenio suscrito, sino también «con lo que la generalidad de la sociedad siente y entiende como violencia de género». «El convenio define como tal, acertadamente, toda violencia contra una mujer porque es una mujer, o que afecte a las mujeres de forma desproporcionado, con independencia de quien resulte ser autor del hecho», explica.

De esta forma, añade, supuestos como casos de acoso prolongado en el tiempo «tendrían la valoración que merecen, ofreciendo a las mujeres que lo sufren, o a las otras víctimas relacionadas, la protección y asistencia especializada» prevista en la ley de 2004.

Y recíprocamente, el autor de los eventuales hechos, «tendría que cumplir con las condiciones establecidas en la legislación» para poder disfrutar de cualquier beneficio en la forma de ejecución de la pena.

SOBRE TRATA DE MUJERES

En cuanto a la trata de mujeres y sobre la existencia de prostíbulos, la valedora do Pobo ha constatado que España «es uno de los países del mundo en que se detecta más trata de mujeres y mayor consumo de prostitución». De hecho, avisa de que algunos informes de organismos internacionales la sitúan solo por detrás de Tailandia y Brasil.

Preguntada por la gestación subrogada, encima de la mesa a raíz de la guerra en Ucrania, Fernández Galiño ha observado que se trata d euna cuestión «con muchas aristas».

Fijándose en concreto en el mencionado país, «donde está muy implantado el negocio construido alrededor de la gestación subrogada», ha convenido que «se ha puesto encima de la mesa el problema del nacimiento de muchos niños y niñas en una situación de guerra».

«Nuevamente se demuestra como una crisis humanitaria pone en riesgo los derechos humanos, en este caso, de las criaturas afectadas y de las madres gestantes, que son los sujetos más débiles en esta situación», ha concluido.