La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha criticado este lunes la situación «estrafalaria» que viven los trabajadores del astillero Hijos de J. Barreras ante el juicio contra seis sindicalistas denunciados por la dirección de la empresa por supuestas coacciones tras la ocupación «simbólica» de las instalaciones, llevada a cabo en 2021, para reclamar carga de trabajo y una solución a la crisis que atraviesa la compañía.

Así, se ha llevado a cabo una concentración «solidaria» ante las puertas del juzgado para insistir en que defender los puestos de trabajo «no es un delito» y para pedir que no se convierta a «víctimas en verdugos».

«Estamos ante un hecho insólito y muy grave», ha lamentado el secretario nacional de la CIG, Paulo Carril, quien ha asegurado que quien tenía que estar sentado ante los tribunales son «quienes llevaron a la ruina al astillero» y aquellos que «no están haciendo nada» para encontrar una solución.

En este sentido, ha denunciado la gestión «lamentable, pésima e incluso delictiva» de la empresa, pese a que ninguno de los responsables «está encausado en un asunto penal» y sí los empleados «por defender su puesto de trabajo».

Carril ha explicado que los seis trabajadores están acusados de supuestas coacciones por la ocupación simbólica de las instalaciones de la empresa para reclamar carga de trabajo.

Entre los acusados en este procedimiento judicial se encuentra el propio secretario comarcal de la CIG en Vigo, Alberto Gonçalves, o el responsable de la CIG Industria en la comarca, Xulio Fernández, así como tres sindicalistas de la federación y el ex delegado de la central sindical en el comité de empresa de Barreras, Rafa Pérez, que también fue despedido como «represalia» por una acción «reivindicativa» en la que ni siquiera participó.