Un informe del Tribunal de Cuentas sitúa a las diputaciones de Pontevedra y Barcelona como las referencias en España en el impulso de la administración electrónica en los ayuntamientos de la provincia.

Este informe ha sido presentado en los últimos días a las Cortes Generales, a las diputaciones y a los municipios y destaca que las administraciones provinciales de Pontevedra y Barcelona son las que más recursos económicos destinaron a la transformación electrónica de los ayuntamientos.

Cuentas también señala a la Diputación pontevedresa como una de las tres únicas de España que subvencionó la contratación de la banda ancha a los municipios y entre las cinco que lograron el reto de proporcionar asistencia a más del 90% de los habitantes de aquellos de entre 10.000 y 20.000 habitantes.

La Diputación de Pontevedra también está entre las únicas siete que hicieron informes de seguimiento de la progresiva implantación y, además, entre las que cuentan con carta de servicios para evaluar los compromisos de calidad.

El diputado de Régimen Interior y Hacienda, Carlos López Font, ha comparecido este martes en rueda de prensa para expresar la satisfacción del gobierno provincial por el «aval del Tribunal de Cuentas» a una «apuesta pionera» de la que comienzan «a recoger los frutos al trabajo hecho».

El diputado socialista ha recalcado la dificultad de este proceso antes de señalar que lo conseguido «es la marca de la casa»; una institución «que sirve y atiende a todos los ayuntamientos en igualdad y sin ninguna distinción».

«PIONEROS»

López Font también ha recordado que en diciembre de 2016 «fuimos pioneros en la implantación de la Administración del siglo XXI», al prescindir de los expedientes en papel y de la presencialidad obligada en todos los trámites, «para dar paso a la era de Internet».

El servicio de la Diputación es de adhesión voluntaria y actualmente llega a 64 entidades locales –54 ayuntamientos, seis entidades locales menores y cuatro mancomunidades–. La Diputación les financia el 75 por ciento del coste. Además, el servicio está abierto (más allá del rango de población fiscalizado por el Tribunal de Cuentas) a los 59 municipios de la provincia de menos de 50.000 habitantes.

Finalmente, López Font ha aportado un último dato: la Diputación de Pontevedra figura entre las 12 entidades provinciales de España que prestaron asistencia sobre el registro de empleados públicos habilitados y entre las 20 que garantizaron con su asistencia técnica la protección de datos de carácter personal.