El exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier G.O., condenado a 5 años y 3 meses de cárcel por ‘enchufar’ a una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una concesionaria municipal, sigue en libertad, a la espera de que la Audiencia Provincial de Pontevedra decida si suspende su ingreso en prisión.

El pasado 25 de enero la Audiencia dictó un decreto en el que se ordena requerir al penado para que ingrese en prisión en un plazo de cinco días. No obstante, pocos días después, y antes de que se haya producido dicho requerimiento, la representación legal de Francisco Javier G.O. presentó un escrito solicitando la suspensión del ingreso en la cárcel, mientras no se resuelva la petición de indulto parcial remitida al Ministerio de Justicia.

Dicho escrito presentado ante el tribunal provincial, han confirmado fuentes judiciales, todavía se está tramitando por parte de la Audiencia, y no hay una resolución al respecto.

Este exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo fue condenado (sentencia que ratificó posteriormente el Tribunal Supremo) a la pena de 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, al considerar probado que facilitó la contratación de una cuñada de Carmela Silva en una concesionaria que prestaba servicios al Consistorio.

Así, gracias a una serie de contratos menores, esa familiar de la presidenta de la Diputación y teniente de alcalde, llegó a cobrar unos 108.000 euros por unos trabajos que no llegó a realizar. De hecho, la implicada no fue procesada porque el supuesto delito que habría cometido, tráfico de influencias, había prescrito cuando se inició el proceso.

Además del exfuncionario, también fue condenado en este caso el gerente de la concesionaria, Ramón C.A., a quien se le impuso la pena de 1 año y medio de prisión, y que también ha solicitado el indulto y la suspensión de la ejecución de la condena.

PETICIÓN DE INDULTO

Francisco Javier G.O. remitió el pasado 14 de diciembre un escrito al Ministerio de Justicia solicitando el indulto parcial y alegando, entre otras cuestiones, que es «un delincuente primario», y que no tiene antecedentes ni posibilidad de reincidir.

En dicho escrito se hace un relato pormenorizado de los méritos que justificarían la medida de gracia. Así, se recuerda que el funcionario jubilado ha dedicado la «práctica totalidad» de su vida a defender los derechos de los trabajadores, que es afiliado a la UGT y al PSOE, o que se ha formado profesionalmente para progresar dentro de la administración municipal, obteniendo «con gran esfuerzo» el título de Graduado Social por la Universidad de Santiago.

En la misma línea, se utiliza como argumento en favor del indulto su edad (65 años), su trasladado a Cantabria, y el hecho de que ya ha pagado al Ayuntamiento de Vigo los algo más de 54.000 euros que debía abonar como indemnización en virtud de la sentencia condenatoria.

Por otra parte, además de su «trayectoria intachable», también se pone de manifiesto que el exfuncionario «se muestra tremendamente arrepentido» y que «nunca se lucró personalmente» por los hechos por los que fue juzgado y condenado. «El ingreso en prisión de Francisco no serviría en absoluto para su reinserción o rehabilitación», señala el escrito.