El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha justificado este lunes la continuación de la gestión del ciclo del agua a través de una concesión porque hay que acometer «enormes inversiones», por unos 100 millones de euros, para mejorar las infraestructuras del servicio en la ciudad: «Surge la necesidad de buscar a alguien que anticipe la financiación».
Así lo ha defendido el regidor en una rueda de prensa en la que ha insistido en que estas cuantías, «descontando» unos 68 millones de euros que ya supone la depuradora, «está fuera de las posibilidades del presupuesto municipal».
Según cifras que ha aportado, en la última década las inversiones acometidas por el Ayuntamiento de Santiago «no llegaron a los 90 millones», una cifra menor a lo que ahora precisa. Por eso, y porque no ve posible «aplazar» estas actuaciones, Bugallo ha insistido en la necesidad de volver a adjudicar el abastecimiento de agua durante 25 años, una vez expirado el anterior en 2019.
«El Ayuntamiento puede gestionar el servicio y cada año destinar una parte (a las obras), pero eso haría que esas actuaciones urgentes, en vez de hacerlas en seis años, a lo sumo diez, habría que hacerlas en 20 o 25 y hay muchos equipamientos que no están en condiciones de aguantar ese tiempo, ni tampoco los vecinos están en condiciones de aguantar este tiempo. Por eso, surge la necesidad de buscar a alguien que anticipe la financiación, que puede ser una empresa concesionaria», ha explicado.
PLENO EXTRAORDINARIO
Precisamente, con estos argumentos ha defendido el gobierno local el nuevo contrato durante un pleno extraordinario celebrado sobre esta materia en la mañana de este mismo lunes, con carácter previo a la rueda de prensa del regidor. La sesión fue convocada tras una solicitud unánime de todos los grupos de la oposición –PP, Compostela Aberta y BNG–.
Y es que estas tres formaciones han salvado sus diferencias en torno a cuál sería modelo ideal de gestión de este servicio para acusar de «oscurantismo» al equipo del alcalde y pedirle que permita el debate.
Durante este pleno extraordinario, el portavoz municipal popular, Alejandro Sánchez-Brunete, ha reclamado «transparencia» al gobierno sea cual sea «la forma de gestión».
En este sentido, el PP rechaza «términos tan falaces como privatización y remunicipalización» y apuesta por una «opción intermedia», como es una «colaboración público-privada transparente y económicamente equilibrada». En todo caso, Sánchez-Brunete ha recordado que, si se pretende modificar el modo de gestión, procede abordarlo en la comisión ya creada a tal efecto.
BUGALLO «DESHIZO» LAS GESTIONES DE NORIEGA
Por parte de Compostela Aberta, el concejal Xan Duro ha dicho compartir las acusaciones de «oscurantismo» con el resto de compañeros de la oposición y ha lamentado que a estas alturas del mandato el gobierno local no solo «no hizo», sino que «deshizo» los pasos dados durante el período del exalcalde Martiño Noriega para «recuperar» para lo público el saneamiento.
«No era para remunicipalizar el agua, sino para tener el modo más eficiente de gestionar el servicio», ha defendido Duro, para criticar la intención del actual regidor de «hipotecar» al Ayuntamiento durante otros 25 años con el nuevo contrato.
A su vez, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, ha reclamado una auditoría externa «imparcial» sobre la gestión del agua en la ciudad, un servicio que «debería quedar al margen de la especulación».
Asimismo, la nacionalista ha advertido al gobierno que «es imposible» que el actual contrato se adjudique antes de que finalice el mandato: «Ya incumplieron el plazo que ustedes mismos se dieron».
Frente a las críticas, la concejala de Medio Ambiente, Mila Castro, ha defendido la «transparencia» del gobierno, que «nunca ocultó la decisión» de ir hacia un nuevo contrato porque «la ciudadanía lo que quiere es soluciones a los problemas».
