La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo acogerá este martes el proceso contra los tres principales acusados en el marco de la ‘Operación Carioca’, para los que la Fiscalía pide penas que suman más de 500 años de prisión por decenas de delitos relacionados con esta trama de prostitución dirigida por dos de los investigados en el proceso.
En concreto, se trata de J.M.G.A. y J.M.P.N, principales responsables de los clubs de alterne Queens y La Colina. Desde el año 2005 realizaban el control del negocio de la prostitución que allí se ejercía y colaboraban con la tercera acusada, G.P.S., para localizar a mujeres brasileñas en situación precaria.
Según el escrito de Fiscalía, ella contactaba con dos empleados de la empresa City Tour para organizar los viajes a España de las mujeres captadas, que inmediatamente contraían una deuda de cerca de 3.000 euros.
La acusada se comunicaba con ellas por teléfono utilizando un pseudónimo y les explicaba las condiciones del viaje a España, indicándoles que les facilitarían el dinero necesario para justificar su suficiencia económica durante el período de estancia en España y que debían devolver a los otros dos investigados en el proceso.
Para ello, debían ejercer la prostitución en los mencionados clubs, imponiéndoles la condición de trabajar en los mismos hasta el pago total de la deuda contraída y descontándoles diariamente un porcentaje de lo ganado con las copas y servicios sexuales.
AMBIENTE DE VIOLENCIA Y TEMOR
Con el objetivo de conseguir que las mujeres no abandonasen el ejercicio de la prostitución y así poder obtener un mayor beneficio económico, los dos investigados «crearon un ambiente de violencia, generando un clima de temor, caracterizado por la agresividad de los acusados», siendo habitual que uno de ellos portase armas de fuego «de forma intimidatoria», lanzase cuchillos, o las amenazase para infundir miedo sobre las consecuencias de dejar el local.
En paralelo, la deuda de estas mujeres se iba incrementando con los gastos diarios de alojamiento y manutención. Los dos acusados se beneficiaban de las ganancias que obtenían las mujeres a través de la prostitución, que trabajaban bajo las condiciones de horarios y precios impuestas por ellos, carecían de cualquier derecho a su actividad y estaban sometidas a una serie de normas no escritas, como multas aleatorias.
«Las condiciones en las que trabajaban las mujeres eran de extraordinaria dureza, tanto por las normas de trabajo impuestas, como por las reglas de conducta y convivencia fijadas por los acusados», señala el escrito,
Estos hechos y otros relatados en el escrito de la acusación son constitutivos de delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, prostitución coactiva (54 delitos cada uno de los acusados), 27 contra los derechos de los trabajadores, amenazas, tenencia ilícita de armas, y contra la salud pública.