Los 188 jueces –134 mujeres y 54 hombres– que integran la septuagésima promoción de la Escuela Judicial recibirán sus despachos el próximo lunes en un acto en Barcelona. Entre ellos, un total de 14 han elegido Galicia como destino. En lo tocante a lugar de procedencia, 11 son gallegos.

Por su parte, el 74,46 por ciento de los integrantes de la LXX promoción de jueces que recibirá su despacho el próximo lunes en Barcelona «ni ha tenido ni tiene familiares –hasta el segundo grado de consanguineidad– que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica». De los que sí los tienen o han tenido, en el 4,8 por ciento de los casos son jueces o magistrados y en el 20,6 por ciento desempeñan otra profesión jurídica.

Así lo recoge una encuesta de la Escuela Judicial en 2019 que ha sido difundida este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante el acto de entrega de despachos que se celebrará lunes en Cataluña y al que acudirán el Rey Felipe VI y el presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes.

Según ha informado el CGPJ, el perfil de los nuevos jueces es el de «una mujer con una edad media de 28 años, que ha tardado algo más de cuatro años y medio en preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas». En concreto, el 71,2 por ciento de los 188 integrantes de la promoción son mujeres.

Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma que más jueces aporta (48). Le siguen la Comunidad Valenciana (23), Madrid (22), Castilla y León (16), Cataluña y Galicia (11 cada una), Asturias (10), Aragón (9), Murcia (7), Extremadura y Canarias (6 cada una), Cantabria y País Vasco (5 cada una), Baleares y Navarra (3 cada una), Castilla-La Mancha (2) y Ceuta (1).

La media de edad de los alumnos de esta promoción es de 28 años, aunque el más joven tenía 23 años al ingresar en la Escuela Judicial y el de más edad, 44. La mayor parte de ellos contaban entre 25 y 31 años cuando, hace dos años, empezaron esta fase de su formación como jueces, una profesión a la que más de la mitad (el 53,2 por ciento) decidió dedicarse mientras cursaban la carrera de Derecho.

Según los datos de la encuesta, durante la etapa de preparación de la oposición, el 94 por ciento contó con el apoyo económico de sus padres. Algo más de un tercio de los alumnos de la promoción han trabajado con anterioridad: el 22,3 por ciento en un sector ajeno al ámbito jurídico y el 12,7 por ciento, vinculado al ámbito jurídico. El 57,4 por ciento no ha trabajado antes.

DESTINOS

Cataluña es la comunidad autónoma a la que irán destinados más miembros de la promoción, pues contará con un total de 73 nuevos jueces. Los demás se repartirán del siguiente modo: 45 ocuparán su primer destino en Andalucía, 4 en Aragón, 2 en Baleares, 15 en Canarias, 3 en Cantabria, 5 en Castilla-La Mancha, 3 en Castilla y León, 3 en la Comunidad Valenciana, 10 en Extremadura, 14 en Galicia, 1 en La Rioja, 6 en la Región de Murcia y 4 en el País Vasco.

Asimismo, el sondeo de la Escuela Judicial refleja que las razones que más han pesado en la elección de la profesión de juez tienen que ver con la vocación por el derecho y por el ejercicio de la función jurisdiccional. Un 96 por ciento de los alumnos han elegido ser jueces porque les gusta el derecho.

La independencia y la imparcialidad de la función judicial fue el principal atractivo de la profesión de juez para el 62 por ciento de los encuestados. Casi la mitad de los nuevos jueces y juezas (49 por ciento) eligió la profesión para contribuir en la lucha contra la delincuencia. Las condiciones económicas de la profesión y la estabilidad también influyeron en la elección de la carrera.

El área penal ha sido la más atractiva para los nuevos jueces y juezas. El 29 por ciento de ellos querría ejercer en ese orden jurisdiccional en el futuro. Por orden de preferencia, le siguen el civil (17,5 por ciento), menores (12,5 por ciento), familia (11,6 por ciento), violencia sobre la mujer (10,6 por ciento), vigilancia penitenciaria (6,6 por ciento), social (4,5 por ciento) y contencioso-administrativo (3,3 por ciento).