La extitular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, después de que fuese sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dilaciones indebidas en casos de corrupción.

Su abogado, Agustín Azparren, ha explicado que el recurso –interpuesto este lunes– se sustenta sobre «tres pilares». Uno de ellos, fundamentado en que los vocales de la comisión disciplinaria, que «son los que imponen la sanción», forman parte del pleno del Consejo que ve el recurso «y revisan su propia resolución».

«Es una cosa bastante irregular que no ocurre en casi ningún sistema. Hay que revisar si ese sistema es conforme a la Constitución o no. Puede tener influencia en una pérdida de imparcialidad de esos vocales que han resuelto y han vuelto a resolver», ha esgrimido.

A esto suma «la propia legitimidad del Consejo General del Poder Judicial», ya que el nombramiento parlamentario de sus vocales «está generando retraso en la renovación» y «muchos organismos europeos, incluso sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicen que por lo menos la mitad» de sus miembros «tienen que ser elegidos por jueces y no por el Parlamento para evitar cualquier influencia política».

«En este caso se da la circunstancia que era una jueza que estaba investigando casos de corrupción de cargos políticos. Tiene una relación muy directa», ha sentenciado Azparren.

Otra condición que aduce Pilar de Lara en el recurso es relativa a «la indefensión que se causó al desoírse» una prueba «fundamental», como era las conclusiones de inspectores del CGPJ «que vinieron a varias inspecciones en los años 2013, 2014 y 2018» al Juzgado de Instrucción número uno de Lugo.

A este respecto, el abogado de la jueza ha recordado que «los primeros inspectores destacaban la gran dedicación (a las investigaciones) de la magistrada», tras lo cual «de repente en el 2018 se la echaba la culpa de todos los retrasos».

«Era importante esa declaración para ver qué había cambiado. Se denegó y lo denegó el Tribunal Supremo, lo que es una vulneración de un derecho fundamental», se afana en precisar.

Azparren ha explicado que ahora toca esperar «la admisión a trámite», lo que ocurre «estadísticamente» con «entre un 4 y un 5 por ciento» de los recursos. «Primero tendrá que pasar ese trámite, que no depende de si existe o no vulneración sino de que tenga trascendencia constitucional», ha resumido.

En caso de que no pase este primer escollo, ha puntualizado el abogado, todavía «queda abierta la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». Pero, si se tramita, los recursos de amparo en el Constitucional pueden tardar en resolverse entre «uno o dos años».

CUESTIONES DE «VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES»

El abogado de Pilar de Lara ha aclarado finalmente que «en el Tribunal Constitucional los recursos de amparo son motivos distintos» con respecto a lo que se vio previamente en el Supremo, que tumbó el recurso que habían presentado. En este caso, se valoran cuestiones «específicas a la vulneración de derechos fundamentales».

La exjueza del uno de Lugo, que ahora trabaja en un juzgado de Ponferrada, llevó casos como la Operación Carioca, sobre redes de prostitución en la provincia; y temas también relacionados con corrupción política como la Pokémon, el Garañón y la Pulpo, entre otras muchas.