Cientos de personas se han manifestado este sábado en Santiago de Compostela en defensa de las pensiones públicas y contra el proyecto de ley de reforma planteado por el Gobierno central «al dictado de la banca».

La protesta, convocada por el Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (Modepen), se enmarca en una campaña de movilizaciones celebradas en todo el Estado para pedir la dimisión del ministro José Luis Escrivá y la sustitución del proyecto de reforma por una iniciativa de blindaje de las pensiones.

La marcha salía de la Alameda compostelana a las 12,00 horas, donde se congregaron varios cientos de personas con pancartas en las que se leía ‘En defensa das pensións públicas. Non á privatización’, entre otros lemas.

La comitiva recorrió diversas calles del casco urbano de la capital gallega, desde la Senra, Doutor Teixeiro o el Hórreo hasta que se adentró en al zona histórica para celebrar su acto final en la Praza de Praterías.

Los promotores de la marcha advierten del peligro de recorte y de privatización con el aumento del periodo del cómputo de cálculo de la pensión exigido por la UE como parte del acuerdo sobre los fondos de recuperación con España.

El movimiento censura que esta nueva reforma supone atacar el sistema público de pensiones para generar desigualdad e incertidumbre, con una propuesta «al dictado de la banca y del poder financiero» que llevará a un recorte en las futuras jubilaciones y a un plan de privatización.

DEMANDAS

Los convocantes reclaman que las pensiones mínimas deben elevarse hasta equipararse al Salario Mínimo Interprofesional y este situarse en el 60% del salario medio, según recomienda la Carta Social Europea.

También reclaman la derogación de las reformas de pensiones del 2011 y del 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012, que recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales.

Entre otras medidas, consideran que la jubilación debe volver a los 65 años para crear empleo, mitigar la pobreza y la brecha de genero y los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados deben ser eliminados.

Asimismo, piden establecer medidas efectivas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, garantizar la capacidad adquisitiva de estas mediante revisiones anuales, que recojan como mínimo el incremento del coste de la vida; y que en caso de ser necesario se garantice el pago mediante los Presupuestos Generales del Estado sin que se convierta en deuda de la Seguridad Social.