Representantes de 56 asociaciones y colectivos ecologistas, vecinales y de profesionales del mar exigen a la Xunta que imponga «de una vez por todas» a Cobre San Rafael S.L., la empresa concesionaria de la mina de Touro, que cumpla la ley y que presente el plan de restauración del espacio afectado que la normativa le obliga a elaborar.

Los colectivos en contra de la mina de Touro-O Pino se ha reunido este sábado en A Illa de Arousa (Pontevedra) para valorar el último movimiento realizado por la empresa concesionaria, la presentación ante la administración autonómica de un proyecto de drenaje integral que Xaquín Rubido, de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, ha calificado como «una estafa».

En términos similares se ha manifestado Julia Barbosa, de la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, quien ha señalado que lo único que Cobre San Rafael pretende con la presentación de este proyecto «es colapsar la Administración, ganar tiempo» y que los colectivos que se oponen a la mina se «cansen» y se queden «sepultados en todos estos trámites».

RETOMAR LA EXPLOTACIÓN

Los colectivos aducen que el proyecto de drenaje integral «no se ajusta en absoluto a lo que la Xunta solicitó a la empresa concesionaria». En este sentido, manifiestan su sorpresa por el hecho de que el proyecto incluya la creación de plantas de tratamiento de aguas, instalaciones que –dicen– solo sería necesaria en el caso de que funcionase la explotación.

«Eso nos da a entender que la verdadera finalidad de este proyecto y el objetivo real de la empresa es retomar la actividad minera», ha señalado Julia Barbosa.

En opinión de los colectivos en contra de la mina, «el actual proyecto de drenaje integral debe estar incorporado a un verdadero plan de restauración» y tener como objetivo único «asumir los pasivos mineros y resolver el problema de contaminación existente en la actualidad derivada de la anterior explotación».

Es por ello que solicitan que este plan de restauración esté desligado de cualquier futuro proyecto que se pueda presentar para la explotación minera ya que, explican, «conforme a la directiva europea, la restauración es previa a cualquiera nuevo proyecto de explotación».

CONDICIÓN EXPRESA

Los representantes de los 56 colectivos reunidos en A Illa han recordado que el anterior director xeral de Enerxía e Minas de la Xunta autorizó en 2017 la transmisión de la concesión de la explotación a Cobre San Rafael S.L., condicionándolo a la presentación en el plazo de un mes de una actualización de los proyectos de explotación y restauración, así como de la garantía financiera suficiente para cubrir los costes de rehabilitación de los terrenos afectados por la actividad minera.

Pues bien, según indican desde los colectivos antimina, ha pasado bastante más de un mes y la empresa sigue sien presentar ese plan de recuperación.

«DETERIORO» DE LA RÍA

Los representantes de los profesionales del mar han manifestado su malestar ante la inacción de la Xunta con respecto a la empresa responsable de la mina. El vicepatrón primero de la cofradía de pescadores de A Illa de Arousa, José María Rodríguez, ha señalado que «poco a poco se van notando el deterioro que está sufriendo la ría».

Y ha puesto como ejemplo la pérdida de la capacidad de reproducción de muchas de las especies que en ella habitan. Para el vicepatrón isleño, «ya va siendo hora de que se eliminen todos los puntos contaminantes de las aguas que llegan a la ría de Arousa».

Asimismo, ha recordado que los residuos de la mina de Touro van a parar a afluentes del Ulla, que finalmente desemboca en la ría. «Es por ello que necesitamos que se exija con fuerza que se cumpla lo que la ley impone».

CORREGIR LOS PARÁMETROS DE LAS AGUAS

Los promotores del plan de drenaje, por su parte, ha trasladado a Europa Press que las actuaciones proyectadas por Explotaciones Gallegas y que, en el caso de recibir la correspondiente autorización, serían llevadas a cabo por Cobre San Rafael, suponen la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas en los regatos Pucheiras, Portapego, Felisa y Rego das Rozas.

Estas actuaciones suponen –añaden– «dar una respuesta responsable» a la demanda social para corregir los parámetros de las aguas que quedaban pendientes en la mina histórica de Touro y su recuperación ambiental. Además, ambas compañías, afirman, continúan trabajando en ese plan de recuperación integral del entorno de la mina histórica.

El proyecto, cuya inversión prevista supera los 1,3 millones de euros, se construye, han defendido los promotores, «en base a la normativa medioambiental vigente, siguiendo todos los procedimientos administrativos que rigen este tipo de proyectos».

También remarcan que se trata de «una actuación previa y no vinculada a la apertura de una nueva explotación» y precisan que se habla de puntos de devolución –que también han causado desconfianza por parte de las asociaciones ecologistas– porque las aguas se depositarán en los cauces de Pucheiras, Portapego, Felisa y Rego das Rozas.

Los promotores también han defendido que «estarán perfectamente tratadas» en las correspondientes plantas y cumplirán sobradamente los parámetros legales previstos en este tipo de actuaciones. Y han destacado que el estado de estas aguas es «consecuencia de la geología característica en la zona y del estado en el que quedó la mina de Touro tras su cierre en 1986, y no de las actuales actividades de Explotaciones Gallegas y sus empresas en la zona».

Por todo ello, las compañías ven «con sorpresa las reticencias» a un proyecto que da «una solución medioambiental y perfectamente segura a una petición vecinal reiterada», ni tampoco entienden «los intentos de judicializar el proceso» para evitar lo que será «una restauración definitiva».

Por su parte, la Xunta sostiene que el proyecto, que todavía está en tramitación, está siguiendo el procedimiento reglado y el que incluye «las exigencias medioambientales más elevadas».