La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el vicepresidente, César Mosquera, han presentado este martes los presupuestos de la institución provincial para el año 2022, que se elevan hasta 179,5 millones de euros, con un crecimiento de un 6,86% respecto al anterior. Unas cuentas que son «transformadoras y valientes», en palabras de Silva, quien ha vuelto a rechazar acudir al Parlamento gallego a defender los presupuestos.

Esta cifra se incrementará hasta superar los 200 millones, por ejemplo, con el plan ReacPon y con la incorporación de los fondos europeos, de los que a día de hoy están ya comprometidos unos 17 millones, han indicado.

El próximo día 12 de noviembre se celebrará un pleno extraordinario en el que se aprobarán inicialmente estos presupuestos con el objetivo de que en diciembre lo estén definitivamente «más rápido que nunca» y así los ayuntamientos de la provincia puedan disponer de él, ya que el 90% de las obras que se hacen en los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes se financian con los fondos que aporta la Diputación.

César Mosquera ha señalado que las cuentas provinciales apenas suponen el 1,5% del presupuesto de la Xunta de Galicia y sin embargo la Diputación le está «tapando una serie de faltas», en referencia a aquellas competencias que debería asumir la administración autonómica como son la Escuela de Enfermería, el centro Príncipe Felipe, los Consorcios de Bomberos o los servicios sociales. «Y aún amenazan con la Ley de Aguas para obligar a la Diputación a poner más dinero para competencias de la Xunta», ha censurado.

Para el vicepresidente provincial, este presupuesto es el fruto de «un gobierno sólido, que no está desgastando energías en cuestiones menores internas sino intentando resolver problemas».

HORIZONTE ECONÓMICO

También ha indicado que cuentan con «un horizonte económico mucho mejor de lo previsible» y ha añadido que la ejecución de este presupuesto «va a suponer un esfuerzo muy elevado», debido a que tendrá que simultanearse con la tramitación de los fondos europeos, un reto que acogen con «entusiasmo».

Por su parte, la presidenta Carmela Silva se ha referido a la coalición de gobierno (PSOE + BNG) como «fuerte, que trabajamos juntas y juntos, que acordamos todas las políticas y que además somos referencia en muchas de ellas».

Carmela Silva ha descrito este presupuesto como «el más alto de toda la historia de la institución, y también el más inversor, el más transformador y el más valiente», con la convicción de que los próximos 2022 y 2023 «tienen que ser años de una fuerte inversión pública» para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y «hacer que la provincia sea sostenible» conforme a los parámetros de la Agenda 2030.

La presidenta provincial ha informado que este presupuesto permitirá «finiquitar» la deuda «heredada» en la institución. Cuando socialistas y nacionalistas entraron a gobernar la Diputación de Pontevedra en el año 2015 la deuda era de cerca de 41 millones de euros. Dejar la deuda a «cero» al final del año 2022 permitirá afrontar una operación de crédito con la que financiar el plan Reacpon y «facilitar con más fuerza la inversión en la provincia».

«La buena gestión política y económica va a permitir que el 2022 sea un año de gran crecimiento en la provincia», ha destacado Carmela Silva.

PLAN CONCELLOS

Entre los datos más destacados de este presupuesto, los ayuntamientos recibirán 73,5 millones del Plan Concellos plurianual y otros 22,4 millones de otras acciones, «sin contar con el ReacPon».

Según datos del Ministerio de Hacienda, la Diputación de Pontevedra es la administración provincial de toda España que más trasferencias hace a los ayuntamientos. El 31,7 % de su presupuesto «frente a la media de las demás administraciones provinciales que es del 17,8 %», ha subrayado Carmela Silva.

«Y sigue y seguirá sin haber ni un solo euro de libre disposición», ha añadido el vicepresidente César Mosquera.

AUSENCIA DEL PARLAMENTO

La presidenta de la Diputación de Pontevedra remitirá el proyecto presupuestario a la Cámara gallega pero, de nuevo en atención al «principio de autonomía local», en que las entidades locales «no están supeditadas a los parlamentos autonómicos», no acudirá a explicar los números al Pazo do Hórreo.

Desde 2017, Carmela Silva ya rechazó asistir a la Cámara gallega a explicar las cuentas, una actuación que ese año fue secundada por el también socialista y de aquella presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, que sí acudió al día siguiente.

Desde 2007 (para los presupuestos de 2008), los presidentes de las cuatro diputaciones provinciales habían comparecido en la Comisión de Orzamentos de la Cámara autonómica ininterrumpidamente hasta 2017, aunque no siempre había sido así.

De hecho, en noviembre de 2005, los servicios jurídicos del Parlamento emitieron un informe –el mismo que se esgrime ahora– sobre la comparecencia de los presidentes de las diputaciones en la Comisión de Orzamentos de la Cámara, después de que PSdeG y BNG, de aquella en coalición en el Gobierno de la Xunta y con mayoría parlamentaria, solicitasen la presencia de todos ellos.

De aquella, los presidentes provinciales del PP –Ourense (José Luis Baltar), Lugo (Cacharro Pardo) y Pontevedra (Rafael Louzán)– registraron sendos escritos en los que rechazaban comparecer ante los diputados de la Cámara gallega. Por su parte, la Diputación de A Coruña la dirigía el socialista Salvador Fernández Moreda.

«Como nuestra posición no varió e igual que hicimos en años anteriores, remitiremos el presupuesto para el conocimiento de la comisión», explica Silva en la carta que ha remitido a la Cámara gallega para declinar la invitación.