La Xunta de Galicia y la Valedora do Pobo mantienen un año más su colaboración para «divulgar e informar» de las medidas del Gobierno gallego que permitan a las familias «mantener sus hogares».

El acuerdo se ha renovado este miércoles mediante la firma del convenio entre la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y la valedora, María Dolores Fernández Galiño.

El convenio tiene como objetivo «intercambiar información de forma ágil y fluida» sobre las personas afectadas en Galicia por procedimientos de ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago.

En esta línea, la conselleira ha destacado que el presupuesto en materia de vivienda para 2022 busca «facilitar la emancipación de los jóvenes; hacer más social el parque de vivienda para apoyar a las personas que tienen mayores dificultades; y seguir apoyando las actuaciones en materia de rehabilitación».

Así, Vázquez ha explicado las dos medidas nuevas que impulsará su departamento, como la concesión de avales, por parte de la Xunta, a menores de 35 años para la compra de la primera vivienda en propiedad, una nueva línea de actuación que se convocará con un presupuesto inicial de cinco millones de euros, para conceder avales de un 15% del crédito.

La otra medida, en colaboración con Política Social, se dirige a aquellas personas en situación de exclusión que reciben atención de entidades de servicios sociales, a los que se les sufragará los gastos de alquiler.

Según ha informado la Consellería en un comunicado, el encuentro también ha servido para informar a la valedora de que Galicia analizará el texto de la Ley de Vivienda, «pues hasta el momento no había información de la misma, pese a que se solicitó el texto y la celebración de una conferencia sectorial para conocer los principales puntos de la normativa, cuya competencia recae en las comunidades».

En este sentido, ha lamentado la actitud del Gobierno central ante una cuestión «tan seria e importante» como es la vivienda y ha denunciado «la falta de respeto institucional del Estado no sólo con Galicia, sino con el conjunto de las regiones; y mismo con las entidades locales», que serán las que ejecuten el anunciado incremento del IBI a las viviendas vacías.