El PPdeG ha permitido con sus votos que saliese adelante una iniciativa del BNG que solicita a la Xunta la adopción de las «medidas necesarias» para garantizar que las mujeres puedan recurrir a la red de centros sanitarios públicos para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo.

La propuesta ha sido aprobada en la sesión plenaria que este martes ha tenido lugar en la Cámara gallega, donde el grupo mayoritario, el PP, se ha unido a nacionalistas y socialistas para expresar el apoyo del Legislativo gallego al cumplimiento de la conocida como ley de plazos, aprobada en 2010 y que establece en su artículo 15 que el derecho de las mujeres a someterse a un aborto en la red se realizará «preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública».

La diputada del Bloque Olalla Rodil, encargada de defender la iniciativa que, en concreto, solicita a la Xunta la adopción de «medidas» que garanticen que las mujeres puedan ejercer su derecho «con todas las garantías» en el sistema público; ha advertido que la «inmensa mayoría» de los abortos se practican en clínicas privadas.

Y es que, según Rodil, siete de cada diez interrupciones del embarazo que se practican en Galicia se hacen en centros privados, un porcentaje que llegó a ser «del 94%» en el año 2014, cuatro años después de la entrada en vigor de la ley de plazos.

La parlamentaria nacionalista se ha preguntado «por qué» una década después de la ley que superó el marco normativo que en 1985 despenalizó el aborto en España «el 77%» de las intervenciones «se siguen practicando» en clínicas privadas, lo que provoca que, en la práctica, la «excepción» contemplada en la ley se haya convertido «en norma».

Esto, ha continuado, se debe para la diputada a dos factores. Por un lado, la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y, por otro, a la «falta de recursos» en los centros públicos que provoca que las mujeres «se vean obligadas» a recurrir a centros privados.

Para la parlamentaria, esta situación es fruto de «años de desidia» por parte del Gobierno gallego a la hora de «poner los recursos materiales» para garantizar que las mujeres puedan ejercer un derecho fundamental «no sólo donde se debe, sino donde la ley dice que debe hacerse con carácter prioritario».

APOYO EN «CUMPLIMIENTO» DE LA LEY

La diputada del PP Marta Rodríguez-Vispo justificó el apoyo del grupo mayoritario a la iniciativa en «respeto» a la ley «y a los derechos de las mujeres reconocidos en ella». «Apoyamos a las mujeres, quieran ser madres o no», ha apostillado.

«Nos gustaría saber si el BNG también apoya a las mujeres que quieren ser madres o si apoyan a la Red Madre, por ejemplo», ha continuado la parlamentaria, que fue respondida en su turno de cierre por Rodil. «No, no apoyamos a Red Madre porque llevan toda la vida con movimientos reaccionarios ante los avances del feminismo», ha espetado.

Durante su intervención, Rodríguez-Vispo ha puesto en dudas las cifras ofrecidas por el BNG sobre el porcentaje de abortos que se practican en la privada en comparación con la pública, ya que, a su entender, «no parece que reflejen la realidad».

Por tanto, ha apelado «mejorar» la información que se obtiene y, de este modo, «no» se pueda «usar como arrojadiza» un tema «muy serio» en el que existen «factores» que influyen en el sistema público. «Lo que no podemos admitir es escuchar que el Gobierno gallego no cumple con la ley en esta materia», ha incidido.

En este sentido, la parlamentaria popular ha asegurado que las mujeres gallegas «pueden elegir dónde» someterse a la intervención, como estipula la ley. «Los derechos deben ejercerse individualmente, no por imposición», ha añadido antes de incidir en que la objeción de conciencia también es un derecho recogido en la legislación.

«LAVAR CONCIENCIA»

Tras conocer de la mano de Rodríguez-Vispo que votarían a favor, Rodil ha avanzado que presentarán iniciativas para «fiscalizar» que lo aprobado este martes «se cumple» y evitar así que el PP pretenda con su postura «lavar su conciencia y separarse del ala más dura del partido».

«Porque puede ser más fácil pulsar el botón verde y que todo siga igual», ha añadido la diputada del Bloque, que ha tachado de «falso» que acudir a un centro privado o público sea una decisión «libre» de las mujeres, pues está condicionado a la existencia de esos recursos como, por ejemplo, ocurre en el área sanitaria de A Coruña para aquellas que opten por un proceso de aspiración.

PSOE DEFIENDE LEY APROBADA POR ZAPATERO

Por su parte, la parlamentaria del Grupo Socialista Noa Díaz ha reivindicado el derecho de las mujeres a «decidir sobre sus vidas», también a la hora de ser madres, como establece, como ha recordado, una ley aprobada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

«Una ley que hay que cumplir, guste o no», ha espetado antes de afear las posturas de «algunas» alas del PP y sus «alianzas» con Vox. Díaz ha puesto el foco sobre las cifras de abortos practicadas en centros públicos y las diferencias entre los servicios a disposición de las mujeres en función de su lugar de residencia, algo que, ha incidido, también está blindado por la legislación.

Esto deriva en que en la práctica, según la diputada, «ni todas» las mujeres gallegas tienen «permitido» ejercer su derecho independientemente del lugar donde residan «ni derivar» estas prácticas a las clínicas privadas sea algo «excepcional».