El Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional investiga si los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio en Avilés y A Coruña vaciaron la caja mediante la adquisición de bitcoins después de que los investigadores localizasen transacciones de la moneda virtual.

Según un oficio de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal adelantado por ‘El Periódico de España’, y al que ha tenido acceso Europa Press, el análisis de la documentación bancaria que obra en la causa ha revelado transferencias de fondos con conceptos como ‘Pago blockchain cripto’ o ‘Abono facturas BC'». Los agentes lo relacionan con la «compraventa de criptomonedas y cuyas beneficiarias son cuentas tituladas por la sociedad Viña y Sentido SL», que estaría vinculada a la trama.

Unas pesquisas que tienen lugar dentro de la causa investigada en la Audiencia Nacional después de que Tardón admitiese el pasado mes de diciembre la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa.

En el momento de la venta de sendas plantas, la empresa se decantó por la oferta del fondo suizo Parter Capital Group aunque, unos meses después, Parter vendió los edificios al Grupo Industrial Riesgo (GIR). El pasado mes de marzo una operación en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas se saldó con la detención de varios ejecutivos del grupo.

Entre ellos el administrador único del Grupo Riesgo, Diego Peris, un ejecutivo administrador único de System Capital –mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)–, el presidente del Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech y una socia de System Capital, Alexandra Camacho.

Fuentes de Alcoa han señalado que la venta de las plantas de Avilés y A Coruña fue promovido, supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el apoyo de las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia y los representantes de los trabajadores. El hecho de que Parter vendiera la mayoría de sus acciones de Avilés y La Coruña a GIR fue, según detallan las mismas fuentes, un incumplimiento de contrato, lo que llevó a Alcoa a demandar a Parter por no cumplir con el contrato.

«MANIOBRAS DEFRAUDATORIAS PARA DETRAER CAPITALES»

En el oficio, la policía judicial trata de dilucidar si los últimos propietarios de las plantas utilizaron una filial llamada Logiplus Worldwide SL como una de las sociedades que habría sido utilizada «para dar cobertura a las maniobras defraudatorias empleadas para detraer capitales de las plantas de producción de aluminio».

En esta línea, los investigadores señalan que el montante que Logiplus destinó a la compra de bitcoins tiene su origen en «fondos procedentes de las plantas de producción de aluminio, puesto que muchas de las transferencias fueron inmediatamente precedidas de otras por importes muy próximos e idéntica fecha».

En concreto, el oficio apunta que las transferencias procedían de cuentas corrientes tituladas por las fábricas de Avilés y A Coruña y contenían conceptos bancarios con el título «pago chatarra». Con todo, explican que «estas salidas de fondos ordenadas desde las cuentas de las plantas de producción parecen contrastar» con el destino final que se dio al dinero.

En total, el importe que llegó a transferirse desde la cuenta de Logiplus a Viña y Sentido, según le consta a los investigadores, ascendería a los 565.976 euros, que fueron enviados mediante 23 transferencias realizadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.

DE COMERCIALIZAR VINO A INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS

Los agentes destacan que la sociedad Viña y Sentido, a cuyo nombre figuran los bitcoins, tenía como objeto inicial la comercialización de vino, un «objeto social totalmente ajeno a la industria del aluminio». Así, y tras explicar que Francisco Alarcón fue nombrado administrador único de la mercantil en octubre de 2020, los investigadores señalan una «singular circunstancia»: el mismo día de su llegada al puesto se produjo una ampliación social incorporando la actividad como «plataforma de inversión en criptomonedas».

Al mencionado Alarcón, como señala el oficio, «le constan varias detenciones policiales antiguas por reclamación judicial y por tráfico de drogas» y pesa sobre él una averiguación de domicilio y paradero emitida por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Talavera de la Reina en el 2017.

En este sentido, la UDEF detalla que el apoderado de esta sociedad, Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro, fue apartado de la empresa unos días después de que la jueza ordenara las detenciones de los implicados en el ‘caso Alcoa’. Pero, además, señalan a Fernández de Bobadilla Lázaro como el socio fundador y administrador único del despacho Ackermann y Schwartz Attorney Al Law SLP, al que se investiga por su «implicación en los hechos».

Por último, los agentes explican que después de analizar una cuenta propiedad de Logiplus han constatado «numerosas transferencias ordenadas» bajo los conceptos ‘pago de pedidos’ o ‘pago de factura’ y cuya destinataria sería otra sociedad vinculada a los investigados: Lavandaeco SL.

Así las cosas, la UDEF conmina a la magistrada a que reclame a los bancos la identificación de los titulares y autorizados de las cuentas así como el extracto de movimientos desde su apertura y hasta la cancelación de las mismas.