La Administración General del Estado no descarta ejercer «acciones judiciales o administrativas» en el futuro con el objetivo de reclamar la propiedad de «todos o algunos» bienes muebles y documentos que atesora el Pazo de Meirás pero que no fueron incluidos entre los 133 que ya demanda el Gobierno central a la familia Franco.

Así ha respondido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una carta remitida al conselleiro de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta, Román Rodríguez, quien esta misma semana le enviaba una misiva en la que le instaba a pedir judicialmente otros 49 bienes cuya propiedad está en discusión.

En concreto, en el procedimiento emprendido en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, el Gobierno reclama a los Franco un total de 133, de los que 55 se discute su titularidad. A estos añade la Xunta otros 49 que los técnicos consideran que deben ser considerados bienes de interés cultural «por sus valores vinculados a sitio histórico».

En este contexto, el secretario de Estado recalca en la carta «el interés» del Estado en proteger «tanto el inmueble –que ya es de titularidad pública– como todos los elementos que lo componen», según informa la Delegación del Gobierno en Galicia.

ARRANCAR «CUANTO ANTES» LA DECLARACIÓN BIC

Sin embargo, el responsable de Memoria Democrática del Ejecutivo central urge a la Xunta a incoar «cuanto antes» el procedimiento para ampliar la declaración de BIC, lo que podría evitar que estos elementos de titularidad discutida fuesen retirados del Pazo, puesto que la Administración autonómica dispone de «suficientes» instrumentos jurídicos para ello.

No en vano, Fernando Martínez le recuerda a Rodríguez que un eventual ejercicio de más acciones judiciales por parte del Estado o la duda sobre la titularidad «no impide» que la Xunta adopte medidas para, en el ejercicio de sus competencias, proteger el patrimonio y «evitar su expolio y destrucción».

En este sentido, el secretario de Estado considera que «nadie entendería» que el Ejecutivo autonómico no adoptase medidas por la vía administrativa que impidiesen la retirada de los bienes, algo que establece la ley gallega de Patrimonio.

Además, Martínez destaca que el Gobierno y la Xunta trabajan en un mecanismo de protección de los bienes que pueda ser «independiente y complementario» al ejercicio de acciones judiciales.

Así, ambas administraciones avanzan en el cierre de un convenio y en la necesidad de ampliar la declaración de BIC, de tal manera que esta protección recoja no solo el inmueble, sino también todos los muebles y elementos que justifiquen que el Pazo de Meirás es un «sitio histórico».

El secretario de Estado de Memoria Democrática también subraya que la unión y la colaboración entre las instituciones fue «decisivo» en el proceso de reivindicación del inmueble a los Francos, por lo que espera que la Xunta «continúe por este camino».