Las rías gallegas padecen 265 vertidos contaminantes en la actualidad, de los cuales 243 no cumplen los límites y 22 están en investigación.

Según datos actualizados de la Xunta, de los 1.648 vertidos detectados en Galicia a 28 de septiembre de 2021, hay 790 dentro de los límites, 593 que ya fueron subsanados y 265 contaminantes.

La ría de Muros-Noia es la que padece el mayor número de vertidos en Galicia (63 contaminantes y seis en investigación), seguida por la Arousa (53 contaminantes y 12 en investigación).

El resto de vertidos confirmados –sin incluir los que están en investigación– se reparten del siguiente modo por rías: Ferrol (28), Ares-Betanzos (18), Pontevedra (17), Vigo (16), Ortigueira (13), Camariñas (11), Baiona (8), Corcubión (4), A Coruña (3), Barqueiro (3), Corme-Laxe (2), Viveiro (2), Foz (1) y Cedeira (1).

En este contexto, la Consellería de Infraestruturas estima que la mitad de las depuradoras en Galicia en municipios de más de 2.000 habitantes funcionan de forma deficiente –como pueda ser la entrada de agua del mar o pluviales–. Pese a ello, los vertidos contaminantes han descendido en Galicia hasta suponer el 16% del total frente al 40% que representaban en 2010.

FUTURA LEY DE CICLO DEL AGUA PARA ACABAR CON «PRIVILEGIOS»

De tal forma, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, considera que la futura ley de mejora de gestión del ciclo integral del agua –cuyo plazo de consulta pública se ha incrementado en 15 días tras las quejas realizadas por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)– supondrá una herramienta «eficaz» para atajar esos vertidos.

Así, expone que actualmente la Xunta asume la gestión de 28 depuradoras en Galicia, en lo que considera «privilegios» para esos municipios. Por eso, se abre ahora, con la nueva ley, la oportunidad a los ayuntamientos que lo soliciten voluntariamente de que la Xunta se encargue de su gestión de servicios del agua, en lo que ve como un «trato igualitario».

Eso sí, los ayuntamientos que soliciten esa gestión tendrán que cumplir la condición de realizar antes una auditoría de la red para detectar y subsanar deficiencias.

Además, el texto recoge que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, deberán actualizarse los convenios vigentes entre Augas de Galicia y los 28 municipios cuya gestión de depuradora lleva la Xunta.

INSISTE EN LOS CÁLCULOS «ERRÓNEOS» DE LA FEGAMP

Ante las críticas de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y de entidades como la Diputación de Pontevedra, que denuncian la creación de nuevos tributos por parte de la Xunta van a disparar las facturas del agua a los usuarios, Ethel Vázquez ha vuelto a defender que no se crean nuevas tasas a los usuarios, sino que se reordenan y se cambia su denominación.

Sobre este punto, la conselleira insiste en que la Fegamp realiza en sus alegaciones «errores de bulto», ya que «suma tasas que son excluyentes entre sí», pues «dos tasas no pueden gravar lo mismo». Además, indica que no aplica «bien» el tramo tarifario, a la vez que considera «incorrecto» tomar como referencia un ayuntamiento que es extrapolable al resto de Galicia.

Y es que justifica que las tasas que pasará a cobrar la Xunta –con los futuros cánones de gestión de depuradoras, gestión de redes y abastecimiento– sustituyen a las que antes cobraba el municipio, dado que no se puede gravar dos veces por el mismo servicio.

Recuerda que el recibo del agua es emitido por los municipios, en los que se incluye la recaudación de diferentes conceptos, de los que solo una parte son gravados por la Xunta.

CÁNONES

De tal forma, la Xunta esgrime que el futuro canon de gestión de depuradoras se trata del llamado «coeficiente de vertido» que actualmente cobra Augas de Galicia en los lugares en los que tiene encomendada la gestión de la depuradora municipal. La tasa cambia de denominación para adaptar mejor su nombre al concepto gravado, indica Infraestruturas.

Sin embargo, el Gobierno gallego eliminará la exención de cobro de los primeros litros de consumo –en el marco del canon de gestión de depuradoras–, los cuales antes eran gratuitos. La Xunta calcula que esta decisión supondrá un impacto de 90 céntimos al mes para una vivienda de consumo medio.

Preguntada por esta cuestión, Ethel Vázquez explica que, «como consecuencia» del Pacto Local da Agua y las directivas europeos, esa explotación hay que gravarla «desde el primer metro cúbico».

En lo tocante al canon de gestión de redes –cuando un municipio le encargue a Augas de Galicia la gestión de un tramo de colectores–, la Xunta expone que sustituirá al que cobraba el municipio por ese servicio en la tasa de saneamiento. Asevera que la tasa municipal de alcantarillado y este cobro que realizará la Xunta son incompatibles.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico aplicará un canon de abastecimiento cuando un ayuntamiento le encargue a Augas la gestión de una infraestructura de abastecimiento, que sustituirá al que cobraba el municipio por ese servicio.