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Lazos negros en comercios y protestas de vecinos contra el cierre de oficinas bancarias en municipios del rural

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Municipios gallegos afectados por el cierre de sucursales de entidades bancarias han acogido este miércoles diversas iniciativas y movilizaciones de vecinos, comerciantes y responsables político para defender el mantenimiento de estas sedes ante las consecuencias sociales y económicas que tendrá para las localidades del rural.

Los establecimientos comerciales de Campo Lameiro, en Pontevedra, colocaron crespones negros en señal de rechazo y protesta por el próximo cierre de la oficina de Abanca previsto para el 8 de septiembre, la única sucursal bancaria del municipio.

De este modo, se suman a las movilizaciones convocadas por los tres grupos que componen la corporación local (PPdeG, Porvir y PSdeG-PSOE) que desembocarán este viernes en una manifestación que partirá a las 20,30 horas de la Praza do Concello hasta la propia sucursal de la entidad.

Los comerciantes anunciaron su participación y que cerrarán sus negocios una hora antes de la salida de la marcha. Además de los crespones, el centro del municipio cuenta con media docena de pancartas en apoyo a las protestas colocadas por el propio Gobierno local.

Los organizadores de la manifestación remitieron una carta a los vecinos explicando la delicada situación en la que queda el municipio a raíz de este cierre y sus consecuencias sociales y económicas, llamando además a la participación que se celebrará este viernes.

PROTESTA EN ZAS

El Ayuntamiento de Zas, por su parte, acogió una concentración en la que participaron cerca de dos centenares de vecinos en rechazo al cierre de la oficina en el municipio.

El municipio de Zas se encuentra inmerso en una campaña de movilizaciones con Vimianzo y A Baña, también afectados por los cierres de sucursales bancarias, que desembocarán en una manifestación ante la sede de Abanca en A Coruña el 2 de septiembre a las 11,30 horas.

Por otro lado, los diputados populares Ana Vázquez y Celso Delgado registraron una iniciativa parlamentaria en el Congreso para instar al Gobierno a informar de las acciones que adoptará para ofrecer soluciones alternativas y garantizar el acceso de la población del rural a los servicios bancarios.

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