La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha enviado un recordatorio a todos los centros para que se revisen los protocolos al objeto de impedir «prácticas inadecuadas» como ocurrió en la cárcel de Monterroso (Lugo), donde se abrió un expediente por la difusión de un vídeo en el que los internos se grabaron consumiendo pastillas y haciendo un tatuaje.

También se solicita a las direcciones de los centros penitenciarios que revisen las intervenciones de los funcionarios que resultan «contraproducentes» cuando reducen a reclusos que se muestran agresivos, así como los protocolos para evitar evasiones, suicidios –en concreto en casos de aislamiento por la COVID– y en prevención por la amenaza terrorista.

Así consta en un oficio de 25 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social da cuenta del ‘Informe balance en materia de seguridad y tratamiento’, correspondiente al segundo trimestre de 2021.

MODIFICAR RUTINAS POR EFICACIA

Aunque en el oficio no se cita ningún caso concreto, este tipo de comunicaciones sirven para «observar determinadas incidencias que aconsejan trasladar indicaciones» a los centros, como fue el caso este mes de agosto del expediente abierto en la prisión de Lugo. En concreto, se llama a «evitar rutinas en los procedimientos seguidos en el área de vigilancia que, por habituales, puedan ser bien conocidas».

Prisiones advierte de que es «inexcusable» no desvirtuar ni rebajar las rutinas de vigilancia para «erradicar prácticas inadecuadas», de ahí que invite a las direcciones de las cárceles a «implementar modificaciones que hagan difícil que la población reclusa pueda anticipar o prever este tipo de actuaciones».

El pasado 11 de agosto, Instituciones Penitenciarias confirmó la apertura de un expediente a siete internos de Monterroso (Lugo) tras utilizar un teléfono móvil –objeto prohibido– para grabarse consumiendo pastillas, afilando un objeto o realizando un tatuaje. «Dos módulos, uno con diez tíos y otro con otros diez, dos guardias, más la de la noche, cobrando mil y pico pavos, trabajan 48 horas seguidas y luego descansan el resto de la semana», relataba uno de los presos.

REDUCCIONES CONTRAPRODUCENTES

Instituciones Penitenciarias también se detiene en intervenciones de funcionarios que «no siempre producen resultados positivos». En su escrito de 25 de agosto alerta de que hay reducciones de presos que han conllevado «mayor agresividad de las que inicialmente se partía».

De ahí que reclamen tener en cuenta la «pertinencia del momento de la intervención y los procedimientos empleados a efectos de poder modificar los que hubieren resultado estériles e incluso contraproducentes». En los casos que sea posible, reclama «pautas alternativas» pensando tanto en el personal laboral como en la población reclusa.

El oficio también menciona intentos de evasión que ponen de manifiesto la necesidad de prestar «máxima atención» a este tipo de incidentes y a la comprobación regular del funcionamiento de los medios materiales, tecnológicos y de seguridad.

SUICIDIOS Y ALERTA ANTITERRORISTA

Lo mismo ocurre con la prevención de suicidios, un tema recurrente y que ya se comunicó el pasado 1 de octubre de 2020, tanto para casos consumados como para tentativas producidas. En este sentido, se cita la «necesidad ineludible de atención a las situaciones de aislamiento derivadas de los protocolos de COVID», donde para evitar contagios se traslada a presos a determinados módulos, entre otras medidas como la suspensión de comunicaciones.

El oficio termina con el recordatorio, también habitual, para «mantener por parte de todo el personal penitenciario la cautela y las medidas de prevención adecuadas tanto a nivel profesional como en la esfera privada», atendiendo al nivel de alerta antiterrorista de nivel 4 sobre un máximo de 5.