Racismo, ideología, orientación sexual o identidad de género y discriminación por razón de sexo son, por este orden, los delitos de odio más frecuentes en Galicia, de acuerdo con el último informe del Ministerio del Interior que refleja, no obstante, menos delitos de este tipo en 2020 respecto al año anterior.

Así, el total de hechos conocidos de este tipo se situó el año pasado en 46 frente a los 76 contabilizados en 2019. Sin embargo, aumentaron los de racismo que pasaron de nueve a 19, ocupando en 2020 el primer lugar.

El año anterior se contabilizaron, ocupando el primer lugar, 34 delitos de odio vinculados con la ideología; 12 por razón de orientación sexual o identidad de género, nueve de racismo y dos por discriminación por razón de sexo. El año pasado fueron 19 por racismo o xenofobia; 14 por ideología; cinco por orientación sexual o identidad de género y tres por discriminación por razón de sexo.

Para entidades consultadas por Europa Press estos datos no reflejan la realidad. Para el portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, el aumento de los delitos de odio por racismo «tiene que ver con la actuación de grupos políticos de extrema derecha, presentes en el Parlamento y con mucho apoyo y difusión en medios y redes sociales, que ‘normalizan’ el discurso racista».

«Esto facilita después actitudes violentas contra las personas migrantes o la vulneración de sus derechos», apostilla Miguel Fernández para quien «la situación de crisis económica puede influir algo, pero el elemento decisivo es esa normalización del racismo».

Por otra parte, apunta a un «racismo estructural» por legislaciones «que establecen la desigualdad de derechos». También alerta de las consecuencias de «normalizar» discursos como «cuando Vox culpabiliza a los menores migrantes de la miseria de las pensiones».

«MICRORACISMOS»

Preguntado si detectan un aumento de casos, apunta que este año ha habido «el ataque violento a dos exposiciones sobre temática migrante en Compostela y A Coruña, situaciones que antes no se daban, o el ataque a una mujer en la calle con insulto racistas directos».

A ello, añade los ‘microracismos’ como «no alquilar vivienda por el aspecto de la persona o pretender pagar menos por una actividad laboral». «Muchas veces las propias personas no están dispuestas a visibilizar su caso, lo que es lógico en el contexto en el que estamos», admite al ser preguntado sobre la denuncia por parte de la víctima.

También rechaza que los comportamientos de este tipo sea una cuestión de edad. Sin embargo, apunta a que el problema es «normalizar» este tipo de conductas. Además, apela a la importancia del ámbito educativo y al papel del conjunto de la sociedad.

«INFRADENUNCIA»

Desde la Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual ALAS Coruña –entidad que tras el crimen de Samuel Luiz en la noche del 3 de julio se personó como acusación en un caso en el que se analiza si hubo también componentes de tinte homófobo–, el equipo de Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia considera que las cifras recogidas en el informe del Ministerio «no reflejan la realidad que padece la comunidad LGTBI».

«Existe un grave problema de infradenuncia». «Esto no es solo una percepción del Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia, sino que el último informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la situación de la comunidad LGTBI en nuestro continente revela que solo se denuncian el 14% de los ataques físicos o sexuales y el 10% de los casos de acoso».

«Esto responde, por un lado, a una herencia histórica de desconfianza de nuestra comunidad hacia determinadas instituciones derivada de la represión durante el franquismo y, por otro, el miedo a ser revictimizada, al igual que sucede en los casos de agresión y abuso sexual».

Mientras, explican que la juventud es más propensa a denunciar la LGTBIfobia. «A partir de los 50 años en adelante el número de personas que acuden a nuestro servicio desciende de manera significativa».

Esto lo atribuyen a que la población más joven «no asume como inevitable la discriminación por orientación sexual o identidad de género» y que la población de mayor edad «no siempre tiene acceso o facilidades» en el uso de medios digitales para denunciar su caso.

Asimismo, confirman que durante los meses más duros del confinamiento detectaron un aumento del acoso hacia esta comunidad, «amparándose en el anonimato que proporcionan las redes sociales», citan, aludiendo, además, al acoso escolar.