La corporación municipal de Tui (Pontevedra) ha alcanzado un acuerdo unánime para reclamar al Gobierno central el importe de 1,4 millones de euros adelantado por el Ayuntamiento para la retirada de escombros en Paramos tras la explosión de una pirotecnia que tuvo lugar en 2018.

En un pleno ordinario, los seis grupos con representación en la corporación local, PSdeG, PPdeG, Ciudadanos, BNG, En Marea y Converxencia 21, han apoyado una moción de urgencia presentada por este último, según ha trasladado el Ayuntamiento. Así, el concejal de Converxencia 21, José Manuel Palacín, ha defendido solicitar por carta oficial al Gobierno el importe de los trabajos de retirada de amianto y escombros de la ‘Zona Cero’ de Paramos y ha remarcado que esta cantidad supone el 20% del presupuesto anual del municipio.

Por su parte, el alcalde socialista, Enrique Cabaleiro, ha afirmado encontrarse «muy indignado» por la gestión de esta situación realizada por el Gobierno, así como por que no abonase el importe de los trabajos y «ni siquiera esté notificado el trámite administrativo sobre esa resolución».

Así, Cabaleiro ha advertido de que «no va a renunciar» a que el Ayuntamiento «reciba esa cantidad que reclama» y sobre la que ha recordado que adelantó «a iniciativa del conjunto de los grupos de la corporación para paliar en aquel momento un desastre que necesitaba un respuesta urgente». Además, ha defendido que el gobierno local y el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez deben continuar la línea de trabajo de un convenio reflejado en la declaración de la zona como catastrófica.

El portavoz del Grupo Municipal del PPdeG, José Ángel Fernández, ha recalcado que «la devolución del dinero es una necesidad» y ha incidido en que «el Estado no puede mirar para otro lado», ya que «todas las administraciones públicas tienen que aportar para la recuperación de este lamentable episodio». El portavoz de Ciudadanos, Manuel González, también ha considerado «lógico y normal» la reclamación de la cantidad adelantada dado que «ya han transcurrido tres años», por lo que «el Ayuntamiento debe recuperar ese dinero».

Adicionalmente, la concejal del BNG Carmen Núñez ha advertido de que «ya no quedan excusas» porque «pasó tiempo más que suficiente» y ha demandado que «si existen fallos en la tramitación del expediente» estos «se corrijan y se resuelvan». Además, el edil de En Marea, Laureano Alonso, ha reivindicado que el Ayuntamiento representa la administración que «puso más dinero encima de la mesa para resolver este problema» y ha confiado en que el Gobierno central «cumpla su palabra».

EXPLOSIÓN

En concreto, los hechos tuvieron lugar el 23 de mayo de 2018, cuando la explosión de una pirotecnia ilegal se saldó con el fallecimiento de dos personas, 37 heridos y daños en 345 viviendas de las que 30 quedaron arrasadas.

En septiembre de ese mismo año, el Consejo de Ministros autorizó la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil para el municipio y, además de ayudas económicas y fiscales, anunció un apoyo extraordinario al desescombro.