El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha reclamado –en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, la primera presidida por la nueva ministra Pilar Alegría– fondos específicos anticovid para educación y la contratación de profesorado en el curso 2021-22.
Tras mostrar su satisfacción por esta convocatoria de la Conferencia Sectorial en los primeros días de Alegría como ministra, un órgano que «en los últimos tiempos había perdido, desafortunadamente, su relevancia», el conselleiro ha reclamado al Gobierno que informe ya a las comunidades de si les va transferir fondos concretos para la contratación de docentes ante las necesidades de la pandemia.
A este respecto, avisa de que los fondos procedentes del mecanismo europeo REACT-EU, tal y como han manifestado varias comunidades, no pueden ser empleados para este fin.
Igualmente, recuerda que el Gobierno ya ha aprobado un protocolo anticovid para el próximo curso. «Es necesario que se nos informe ya de los recursos adicionales con los que vamos a poder contar», sentencia Román Rodríguez. Por ello, pide que la próxima reunión con las comunidades sea en la fecha más próxima para evitar problemas organizativos en los centros.
Paralelamente, el conselleiro de Educación ha requerido al Ejecutivo central un esfuerzo adicional en los fondos del PROA+, con los que se financia el Plan Recupera, dado que denuncia que la asignación para Galicia es de un millón menos a la indicada inicialmente.
FP Y OTROS TEMAS
Por otra parte, la Xunta demanda una mayor participación en la elaboración de la nueva ley de FP, con el fin de corregirlos defectos que, a su juicio, presenta el anteproyecto y «que no se convierta en una nueva ley Celaá».
Solicita una solución específica para que el alumnado que proceda de BUP pueda continuar accediendo a los ciclos formativos, tras la derogación de la Lomce.
Junto a esto, el conselleiro de Educación pide que se agilice la elaboración de la normativa básica para los nuevos currículos adaptados a la Lomloe, pues queda menos de un año para que las autonomías deban tenerlos aprobados.
