El Ayuntamiento de Sada ha reclamado al Gobierno central y a la Xunta de Galicia «acciones administrativas y judiciales inmediatas» para asegurar «la integridad» del Pazo de Meirás como Bien de Interés Cultural (BIC) y evitar la retirada de los muebles por parte de la familia Franco.

El gobierno local hace pública esta petición mediante un comunicado un día después de la firma del Protocolo de colaboración institucional firmado en el pazo por el Ejecutivo estatal, la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, y los ayuntamientos de A Coruña y Sada. También este sábado se inauguraron oficialmente los jardines del enclave, que abrirán el 1 de julio.

La rúbrica del pacto es una medida «positiva y necesaria, pero parcial, incompleta e insuficiente», ha señalado el alcalde, Benito Portela, «para los objetivos que deben presidir el futuro: la integridad patrimonial del BIC –continente y contenido–, y una gestión plural y participada del mismo».

Respecto al primer objetivo, el regidor sadense ha expresado su «gran decepción» por el hecho de que tanto Gobierno autonómico como central «desaprovechasen la ocasión para anunciar aquello que toda la ciudadanía demanda y exige»: la presentación por parte del Estado de una demanda civil reivindicatoria de propiedad sobre los bienes muebles del interior del pazo y la incoación por la Xunta de una modificación del decreto de 2008 que regula los bienes BIC –de forma que la familia Franco no pueda retirar nada–.

«Ni la vicepresidenta del Gobierno del Estado ni el conselleiro de la Xunta anunciaron ni una cosa ni la otra. La pasividad de las dos administraciones persiste con el elevado riesgo, que crece cada día, de que los Franco puedan ser autorizados a la retirada de los bienes inmuebles del pazo», ha criticado el alcalde de Sada.

Portela ha recalcado que «no hay razones, ni legales ni de otro tipo, para que Xunta y Estado no adopten decisiones», nueve meses después de la sentencia que obligaba a los Franco a la devolución del pazo. El regidor ha insistido en que «la Xunta tiene competencias» y el Ejecutivo central «suficientes informes técnicos y jurídicos» para ejercitar una acción judicial posesoria sobre los bienes.

«Carmen Calvo reconoció este sábado que el Estado llegó tarde al pazo. Pero sería especialmente lamentable que también llegase tarde para evitar el vaciado de Meirás. Y la Xunta no puede amparar su pasividad en una supuesta cuestión de competencia, cuando tiene fácil salida», ha criticado Portela.