El Valedor do Pobo considera que la Consellería de Sanidade debe mejorar los servicios de atención telefónica e incrementar la plantilla de facultativos especilistas en geriatría en las áreas sanitarias como medida para reforzar la atención a las personas mayores y la coordinación con los centros residenciales.

Se trata de dos de las conclusiones que apunta el Alto Comisionado del Parlamento de Galicia que encabeza la valedora, María Dolores Fernández Galiño, en su memoria anual, presentada este viernes.

En este informe, consultado por Europa Press, se hace hincapié en los efectos de la pandemia. Para ello, divide las quejas y actuaciones llevadas a cabo por el área sanitaria en tres espacios temporales: de comienzos de año a la declaración del estado de alarma, de mediados de marzo a mediados de junio (fin estado de alarma) y desde entonces al término de 2020.

Durante los meses del primer estado de alarma, el Valedor inició varias actuaciones de oficio sobre cuestiones relativas a la crisis sanitaria. La primera estuvo centrada en la falta de compañía para las personas en riesgo de muerte dada la imposibilidad de recibir visitas por las medidas para evitar contagios.

Finalmente, esta investigación fue archivada tras la respuesta de la Consellería de Sanidade, que informó de la puesta en marcha de un proceso para la elaboración de un protocolo de actuación sobre la muerte acompañada.

El Valedor también inició una investigación de oficio sobre los servicios de atención telefónica de la Consellería de Sanidade y que sufrieron un colapso durante las primeras semanas de la pandemia, en las que se produjo un incremento de casi el 120% respecto a las cifras del mismo período del año anterior.

Según la información remitida por el Sergas, la central recibió 176.406 llamadas en marzo (más del 70% a partir del día 13), de las cuales 72.000 no fueron atendidas, más de las que habían sido respondidas en el mismo mes del año anterior, cuando se registraron 80.717 llamadas totales. Además, hubo picos de 21.500 llamadas en una sola jornada y también creció exponencialmnte el tiempo de gestión de las mismas, pasando de 75 a 90 segundos.

Debido a los incumplimientos del contrato en términos de calidad del servicio, la concesionaria fue penalizada al término del ejercicio de abril por un importe de casi 8.800 euros. Este paso, así como la imposición de medidas extraordinarias para hacer frente al aumento de la demanda, son valoradas por el Valedor que, no obstante, ve necesario mejorar la eficiencia del servicio para cumplir con los estándares de calidad.

«Cumplir con los objetivos será a juicio de esta institución la meta a conseguir si finalmente se producen nuevos brotes de la enfermedad o nuevas situaciones de emergencia sanitaria», concluye la institución que dirige Fernández Galiño.

REFUERZO DE GERIATRÍA

El Alto Comisionado también pone deberes a Sanidade en la atención de las personas mayores. Así, cree necesario reforzar la plantilla de médicos especialistas en geriatría como vía para mejorar la coordinación y mantener «un diálogo fluído» con los centros residenciales.

En la actualidad, según los datos aportados por el Sergas, hay 22 facultativos de este tipo trabajando en el sistema gallego: once en Lugo, nueve en Vigo, uno en Ourense y otro en Ferrol. Para el Valedor, estas cifras «no permiten» llevar a cabo «una coordinación de los servicios» para toda la Comunidad gallega, lo que hace preciso «echar mano de otro tipo de especialistas para establecer una línea de diálogo fluido con los centros residenciales».

En este sentido, pone el acento en que la designación de un facultativo de referencia para coordinar la atencón sanitaria con las residencias «no implica la reducción del personal propio, siendo además aconsejable que se refuerce de acuerdo con las cargas de trabajo de cada centro residencial».

ATENCIÓN TELEFÓNICA, MASCARILLAS Y AISLAMIENTO

Asimismo, la institución da por buenas las explicaciones ofrecidas por la Xunta en otras cuestiones, como en las referentes a las quejas de ciudadanos por la no presencialidad en la atención sanitaria, la obligatoridad del uso de mascarillas y la imposición de medidas de aislamiento para personas contagiados o sospechosas de estarlo.

En cuanto a la primera, el Valedor valora la respuesta de Sanidade sobre la no presencialidad que, según refleja en su informe, depende siempre de un profesional, facultativo o de enfermería, encargado de decidir si cita presencialmente al paciente o no.

Sobre las mascarillas, consdiera que su imposición con carácter general fue acorde al ejercicio de protección de la salud general establecido por «mandato constitucional», mientras que los aislamientos estuvieron «ajustados» a derecho y fueron «coherentes» con la estrategia seguida para combatir el virus.