La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha reconocido el «coste social importante» que supone los retrasos en la ejecución de las líneas de alta velocidad, singularmente en respuesta a la situación del AVE a Galicia. El órgano fiscalizador presentó este martes un informe de los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las líneas férreas de alta velocidad durante los ejercicios 2014 a 2017.

«Hay un coste social importante», ha dicho. Así, ha reconocido que la «falta de un servicio público» con una «fecha» tiene «un coste difícilmente cuantificable económicamente, pero que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar la ejecución de una obra pública de esta envergadura».

El senador socialista gallego Xaquín Fernández Leiceaga preguntó por el coste económico y social derivado de los retrasos durante varios años, en concreto entre 2014 y 2017 y pidió responsabilidades políticas a la que era entonces ministra, Ana Pastor. Sobre esta cuestión, la presidenta de Cuentas no entró a valorar, pero sí reconoció el «coste social importante» de los continuos retrasos, derivados de la suspensión de los contratos.

113 CONTRATOS, 18 DEL AVE A GALICIA

Según recoge el informe del Tribunal de Cuentas, se suspendieron 113 contratos, que afectaron a 14 de las 17 líneas de alta velocidad. Entre otras, de la Seixalbo-Ourense, lo que, constató Leiceaga, multiplicó por ocho el plazo inicial de un año.

Así, durante el periodo fiscalizado, fueron objeto de suspensión 113 expedientes, con un importe de adjudicación de 3.439 millones de euros, un 12,5% sobre los 907 expedientes vigentes en las líneas suspendidas. El número de líneas de alta velocidad en construcción ascendía a 17; de ellas, 14 se vieron afectadas por algún expediente de suspensión (82,3 % respecto al total).

Del total de los expedientes, el Tribunal ha fiscalizado un 55,9%. En concreto se han analizado 64 expedientes de contratos afectados por suspensiones, por importe de adjudicación de 1.921 millones de euros.

La mayoría de las suspensiones se debieron a modificaciones del proyecto constructivo inicial. De los 64 contratos fiscalizados, en 21 de ellos se interpusieron reclamaciones por daños y perjuicios ocasionados durante su ejecución, por importe de 163 millones de euros; y otros 19 las reclamaciones estuvieron relacionadas con algunas de las causas que motivaron la tramitación de una suspensión, por un importe total de 127 millones, de los cuales la Entidad abonó 12 millones.

En el caso del AVE a Galicia, se han registrado 18 suspensiones de los contratos, de los cuales la mitad fueron por modificaciones de proyecto inicial y tres por «descoordinación» entre administraciones.

REPROGRAMACIÓN

En su intervención, la representante del PP María Mercedes Fernández González ha defendido, recogiendo las alegaciones de la propia Ana Pastor, que «con anterioridad a su llegada al ministerio», y señalando a su predecesor José Blanco (PSOE), se había suscrito un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria», lo que «obligaba a la reprogramación de obras».

Leiceaga, por su parte, lamentó la planificación «caótica» e «inconsistente». «Un caos compacto para pretender imputar los retrasos» al siguiente gobierno.

Para Leiceaga, la situación es «especialmente grave» y se ha preguntado si «hay algún tipo de responsabilidades políticas» que se puedan adoptar con respecto a Pastor. «Yo me iría a casa si un informe de mi gestión dijese algo así», ha certificado Leiceaga, quien también se refirió al «presidente de su comunidad», que es el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para reivindicar ante él que los socialistas fueron los que «han conseguido desenredad la madeja» para que en «pocos meses» los trenes de alta velocidad circulen entre Galicia y Madrid.

RECOMENDACIONES

En respuesta a las preguntas de los representantes políticos, la presidenta del Tribunal de Cuentas incidió que este órgano da «las claves y recomendaciones» y ha apelado a que le recuerda a otros similares que hizo el órgano, en relación a tranvías.

«Se pone de manifiesto siempre el mismo problema, en estas obras resulta fundamental el adecuado proceso de los contratos», ha apuntado De la Fuente, quien observa una falta de «programación adecuada» en origen: «Resulta fundamental una adecuada planificación de las grandes infraestructuras».

Asimismo, ha apuntado que «es fundamental que exista un control» del desarrollo del proyecto, para vigilar que se vayan cumpliendo los plazos y, en consecuencia, «evitar modificaciones de contratos».