A las puertas del inicio de la campaña de verano en la playas (de costa y fluviales) de Galicia, las entidades que representan al colectivo de socorristas han alertado de que ni son suficientes los efectivos, ni se diseñan los servicios con criterios de eficacia, y denuncian una tendencia creciente a su privatización.
La presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA), Nuria Rodríguez Suárez, ha señalado en declaraciones a Europa Press que uno de los principales problemas de este colectivo es que «no está regulado» profesionalmente. «Aunque la Xunta regula la formación, no hay convenio colectivo ni una norma que indique los criterios generales de funcionamiento, la duración de la campaña, los efectivos o recursos técnicos necesarios en cada lugar», ha lamentado.
En esta situación, los ayuntamientos pequeños, que no tienen capacidad para contratar el servicio con sus propios fondos, no pueden planificar adecuadamente la atención en los arenales del litoral y playas fluviales. Así, dependen de la subvención que el gobierno gallego otorga cada año para poder contratar a los profesionales y, de hecho, «a día de hoy, todavía no saben cuándo y cuánto van a recibir».
Según ha recordado Nuria Rodríguez, la administración autonómica subvenciona la contratación de socorristas para trabajar durante los meses de julio y agosto, pese a que la campaña veraniega se extiende, como mínimo, del 15 de junio al 15 de agosto. «Han conseguido que esta profesión no sea motivante. Para ser contratado con cargo a la subvención de la Xunta tienes que estar en el paro, y luego trabajas solo dos meses», ha criticado.
Al respecto también ha explicado que, al contrario de lo que ocurría hace unos años, cuando los candidatos superaban con creces las plazas convocadas, ahora «hay que buscar a los socorristas hasta debajo de las piedras». En ese sentido, ha apuntado que, aunque haya unos 5.000 profesionales inscritos en el registro puesto en marcha por la Xunta, «no todos están en activo ni disponibles».
Finalmente, con respecto al nuevo reglamento que se está tramitando por parte de la administración autonómica, ha constatado que su finalidad «es parchear» la situación.
PRIVATIZACIÓN
Por su parte, el presidente de la Asociación de Socorristas Profesionais do Morrazo, Mauro Bernárdez, ha explicado a Europa Press que, aunque se ha avanzando en ámbitos como la formación (que, no obstante, sigue estando muy «disgregada»), la falta de regulación profesional o de un plan de gestión integral, provoca la tendencia a la privatización de un servicio «que tendría que ser público». «Lo ideal sería crear servicios integrales, como parte de los servicios de emergencias que funcionan todo el año, pero es muy difícil, porque la administración no tiene capacidad para asumir esto», ha lamentando.
Precisamente, la ausencia de un marco estable y definido para este servicio lleva a que los municipios contraten «muchas veces con criterios equivocados», y ha indicado que, más que atenerse a cuestiones «como las banderas azules» o el número de arenales, debe decidirse con criterios de «optimización y eficiencia».
En ese sentido, ha explicado que todos los ayuntamientos deberían tener diseñado un «dispositivo de riesgos previsibles» para las campañas de verano en las playas, en el marco de sus planes de emergencia municipales, dado que las entidades locales «tienen la obligación de mantener la seguridad en sus arenales y zonas de baño acotadas». «Pero no todos lo hacen», ha admitido.
REGULARIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El Gobierno gallego regularizó esta actividad a través del decreto 104/2012, por el que se fijó la formación mínima para desempeñarla y se creó el Registro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. Este año, y debido a la pandemia y a los problemas para realizar los cursos habilitantes, se publicó un nuevo decreto para permitir prorrogar hasta 2022 la habilitación, «en aras de salvaguardar y garantizar la prestación del servicio de socorrismo en la comunidad y «mantener los numerosos puestos de trabajo que dicha actividad origina».
Adicionalmente, la administración está preparando un decreto para agilizar la contratación de este personal por parte de los ayuntamientos y regular la formación y el desempeño del mismo, que contempla la creación de la figura de ‘auxiliar’ de socorrista.
Dicha figura ha sido recibida con recelo por parte de los colectivos profesionales. Así, la presidenta de FESSGA ha cuestionado su eficacia como complemento de las tareas de socorrismo y salvamento, dado que «no puede rescatar ni hacer curas», mientras que Mauro Bernárdez ha precisado que «se creó esa figura sin consensuar» y, aunque no la critica abiertamente, ha pedido que se garantice «que no habrá intrusismo profesional».
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
Así las cosas, los municipios gallegos ultiman la contratación de socorristas, que comenzarán a prestar servicio en gran parte de los arenales entre mediados de junio y principios de julio.
De este modo, en grandes ciudades, como Vigo y A Coruña, las playas tendrán el servicio de vigilancia a partir del martes al estar ya contratados, mientras otros municipios de menor tamaño, como los pontevedreses de Nigrán y Baiona, lo pondrán en marcha el próximo 1 de julio. Además, este año la Xunta apoyará la contratación de socorristas para piscinas públicas, playas y espacios naturales acuáticos con ayudas por valor de 1,5 millones de euros.
En la provincia de Pontevedra, Sanxenxo realizará por primera vez este año la gestión indirecta del servicio, con el que contarán 17 arenales con bandera azul tras adjudicase por 1,2 millones de euros durante dos años a una empresa.
La prestación del servicio de socorrismo se prolongará desde este martes hasta el 15 de septiembre en Areas, Silgar, Canelas y Montalvo, mientras que en el resto de arenales estará operativo en julio y agosto. La empresa contará con 80 empleados, entre ellos un responsable general, dos coordinadores y un operador de comunicaciones.
Asimismo, el Ayuntamiento de Vigo destina 566.000 euros a la contratación de 47 profesionales de socorrismo y salvamento que prestarán servicio entre el 15 de junio y el 15 de septiembre en los arenales de A Punta, Carril, Tombo do Gato, Argazada, Samil, Fontaíña, Vao, Canido y Fortiñón, así como en el de Rodas, en las Illas Cíes. Las playas de A Coruña también dispondrán de socorristas y servicios de salvamento desde este martes, con un total de 32 personas que vigilarán las playas de Riazor, Orzán, Matadoiro, Santo Amaro, Oza, Santa Cristina y Lapas.
PROCESO DE CONTRATACIÓN
Mientras, otros ayuntamientos gallegos ultiman el proceso previo a la incorporación de estos profesionales. Así, la Mancomunidad de O Val Miñor ha aprobado las bases para la contratación de 30 socorristas y un coordinador que se repartirán entre Nigrán y Baiona durante los meses de julio y agosto. Los interesados podrán presentar su solicitud durante la próxima semana para realizar las pruebas de acceso a estos empleos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ferrol ha publicado la lista definitiva de las 70 personas admitidas para la contratación de 57 socorristas que prestarán servicio en los arenales de Caranza, Doniños, A Fragata-O Vilar, San Xurxo, Esmelle, Penencia, Santa Comba-Marmadeiro, Ponzos y A Graña y que suponen 12 más que el pasado año.
Las pruebas de piscina tendrán lugar el próximo martes y, tras ellas, las personas que las superen deberán realizar un examen teórico. Además, uno de los 57 puestos será para coordinador de playas y nueve se corresponderán con coordinadores de caseta.