Los bonos para la reactivación del comercio y la hostelería habilitados por la Diputación de Lugo suman ya más de 3.000 solicitudes desde la apertura del plazo para hacerse con uno de los 17.000 vales de descuento nominativos de 30 euros para gastar en establecimientos de la provincia de Lugo.

Según ha repasado el diputado provincial Pablo Rivera este martes, más de 3.000 vecinos de la provincia han pedido ya su bono, que puede solicitarse hasta el 21 de junio y gastarse en cualquier comercio, negocio de hostelería y servicios desde su repeción hasta el 31 de agosto.

El programa, al que el gobierno provincial que preside José Tomé destina 1,5 millones de euros para reactivar los sectores económicos «más afectados» por la crisis sanitaria, bonifica las compras de más de 60 euros con 30 euros de descuento.

Los vales pueden solicitarse en la página web de la diputación, donde también figura el listado de los establecimientos adheridos al programa en los que pueden canjarse estos descuentos.

El gobierno provincial asegura, a través de un comunicado, que el reparto de bonos en cada ayuntamiento se realizará de forma «equitativa» y bajo criterios «objetivos» como la población, número de personas en situación de desempleo o la cantidad de empresas dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

Con estos criterios como base, continúa la diputación, se establece un mínimo de 20 bonos para los ayuntamientos más pequeños y un máximo de 5.000 para los más grandes. El beneficiario del descuento deberá usarlo en su municipio, salvo que en dicho ayuntamiento no exista ningún establecimiento adherido a la iniciativa.

PRÁCTICAS USC

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha despedido este martes a los diez alumnos del máster de abogacía organizado por la USC y el Colegio Oficial de Abogados de Lugo que realizaron prácticas en los dos últimos meses en la institución provincial.

Allí, Tomé ha agradecido su trabajo durante su estancia en la diputación, al tiempo que resaltó la importancia de la asesoría jurídica en la institución para «atender en tiempo y forma» a los ayuntamientos.