La Xunta trabaja para simplificar los trámites y la documentación para acceder a la valoración del grado de dependencia y, así, reducir «a la mitad» los tiempos de espera de cara al «último trimestre del año».

Así lo ha explicado la conselleira de Política Social, Fabiola García, preguntada por los periodistas, antes de reunirse este jueves en Santiago con responsables del departamento autonómico en las cuatro provincias para trasladarles las nuevas líneas del Plan de Choque de Dependencia, aprobado este miércoles en la reunión semanal del Consello.

A este respecto, ha asegurado que este será «el plan de dependencia más ambicioso de los últimos 15 años en Galicia» y «supondrá una importante agilización administrativa».

Ante una atención a la dependencia que está regulada por ocho decretos y 11 órdenes, la titular de Política Social ha señalado que esta iniciativa busca hacer efectiva «una reducción drástica del papeleo» que deben presentar las familias y, así, disminuir «a la mitad» el tiempo de espera «para acceder a una prestación o un servicio».

En esta línea, ha indicado que se ha comenzado a trabajar en una reducción de decretos y órdenes con el objetivo de refundir la «maraña administrativa» y la normativa que deben analizar las familias para conocer la prestación a la que tienen derecho y simplificar la documentación que deben presentar.

CAMPAÑA INFORMATIVA

Además, Fabiola García ha recordado que se llevará a cabo una campaña para informar a los interesados respecto a la documentación que deben presentar y los derechos que comportará el reconocimiento de un grado de dependencia.

De este modo, ha avanzado que «se trabajará intensamente durante los meses de verano» con el objetivo de que la simplificación administrativa y la reducción de plazos y trámites que deben realizar las familias de las personas con dependencia «se empiece a percibir» en «el último trimestre del año».

En concreto, este proyecto permitirá fusionar la solicitud del grado de dependencia y el Programa Individual de Atención (PIA), así como priorizar la evaluación de personas con patologías de gravedad con un sistema similar al implantado en el Sergas. Además, se activará una prestación económica pública, se ofrecerán alternativas al servicio preferido, se crearán equipos de valoración itinerantes y se pondrá en marcha una campaña didáctica sobre el modo de presentar la solicitud para una evaluación.