Las altas inspecciones educativas de aquellas comunidades autónomas que tienen lengua cooficial no han recibido ninguna comunicación o recurso por supuestos incumplimientos del derecho a recibir la enseñanza en castellano en lo que va de 2021, mientras que las recibidas el año pasado fueron respondidas pero, en ningún caso, hizo falta iniciar actuaciones adicionales.

Así lo ha asegurado este miércoles la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, durante la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, donde ha informado sobre varias peticiones de Vox sobre las actuaciones de la Alta Inspección Educativa para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos lingüísticos.

Según ha indicado la ministra, la Alta Inspección Educativa tiene reconocida «la función estatal de vigilancia normativa, sin que ello suponga el desarrollo de una facultad de control directo», es decir, que en el supuesto de que la Alta Inspección detecte algún presunto incumplimiento de la normativa básica autonómica en materia educativa, podrá instar a la modificación de la norma observada y proponer la adopción de medidas de corrección.

«La Alta Inspección sólo alerta de la posibilidad de iniciar esos procedimientos, siendo los tribunales de justicia los únicos que pueden determinar si se han producido vulneraciones», ha indicado Celaá, que aclara, por tanto, que la Alta Inspección Educativa no puede llevar a cabo «medidas ejecutivas o sancionadoras sobre lo que ocurre en los centros educativos» porque si no, se trataría de actuaciones «inconstitucionales» por invadir competencias autonómicas.

Por tanto, «corresponde a la inspección educativa de cada comunidad autónoma velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones», así como de «supervisar el funcionamiento de los centros educativos, la práctica docente y la función directiva», ha precisado.

De hecho, Celaá recuerda que «la Alta Inspección no recibe denuncias sino información». «Es así como viene siendo y continuará siendo», advierte la ministra.

EL CASTELLANO, GARANTIZADO EN LA LOMLOE

Durante su intervención, la titular del Departamento de Educación y FP, ha vuelto a insistir en que el derecho a recibir enseñanza en castellano, así como en la lengua cooficial en aquellas comunidades con lengua cooficial, está garantizado en la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también denominada ‘Ley Celaá’).

Para afianzar su afirmación ha repasado varios preceptos de la Disposición Adicional Trigésima de la norma y ha recordado que la misma «recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, por la que el estatus del castellano y su carácter de lengua vehicular deriva de la Constitución, a la que se remite expresamente la LOMLOE».