Las pruebas para cubrir un total de 341 plazas del cuerpo auxiliar C2 de la Xunta tendrán lugar el próximo 20 de junio de forma simultánea en el recinto de la Feira Internacional de Silleda, en Pontevedra, y en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

Así lo ha anunciado este miércoles el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, durante su intervención en la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior de la Cámara gallega, en la que ha dado respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PSdeG, Paloma Castro.

En su intervención, el director xeral ha detallado que un total de 10.056 aspirantes están llamados a participar en estas pruebas, en el que será el segundo proceso selectivo afectado por la pandemia al que concurre un mayor número de aspirantes.

Asimismo, ha señalado que las autoridades sanitarias autorizaron su celebración siguiendo protocolos que garanticen su realización con todas las garantías sanitarias y conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La Xunta ha recordado que la pandemia de la covid y las restricciones establecidas para controlar su evolución obligan a adaptar las formas y secuencias de la celebración de las pruebas para garantizar su realización con la mayor seguridad posible.

Por ello, el examen para el grupo C2 del cuerpo auxiliar grupo IV de la Xunta se realizará de forma simultánea en dos sedes distintas: el recinto ferial de Silleda y el Ifevi de Vigo. Además, el ejercicio tendrá lugar en dos turnos sucesivos, de mañana y de tarde.

De este modo, todas las pruebas se realizarán conforme al protocolo elaborado por la Xunta, que establece que solo se permitirá el acceso a los edificios a los aspirantes que realicen los ejercicios y al personal implicado en el desarrollo de las pruebas por lo que los opositores deberán acudir solos (salvo en el caso que necesiten asistencia).

Además, deberán presentarse a la hora indicada en la convocatoria, no con antelación; y guardar en cada momento la distancia de seguridad. Será obligatorio el uso de la máscara durante todo el proceso y el empleo de gel hidroalcohólico para entrar en los pabellones. Los objetos personales deben ser los mínimos imprescindibles y no se podrán compartir material.

OPOSICIONES A PSICÓLOGO Y TRABAJADOR SOCIAL

El director xeral de Función Pública ha hecho este anuncio durante su respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PSdeG Paloma Castro, quien ha denunciado «irregularidades» en las oposiciones a psicólogo y trabajador social celebradas por la Xunta en marzo.

La parlamentaria socialista ha censurado la «falta de respeto total» mostrada por la Consellería de Facenda hacia estos profesionales, que vieron como las pruebas «incumplían los criterios mínimos exigibles», con preguntas «llenas de imprecisiones, mal formuladas y sobre materia fuera de temario».

Además, ha sostenido que se vulneró el principio de igualdad al repetir más de una decena de preguntas en el examen celebrado días después para los opositores que tuvieron que hacerlo en otra fecha por encontrase en aislamiento o cuarentena.

Al respecto, el director xeral ha asegurado que estos procesos selectivos se desarrollaron «conforme a la regulación prevista» en la normativa de la administración autonómica y ha señalado que «es habitual que en estas pruebas, por su carácter competitivo, los aspirantes busquen la forma de impugnar las preguntas que no hayan acertado».

«A este respeto, es destacable que todas las pruebas selectivas convocadas por la Administración gallega, como no puede ser de otro modo, son garantistas y, en las propias bases que los opositores aceptan al participar en ellas, se incluyen procedimientos específicos de reclamación de preguntas, preguntas de reservas y garantías adicionales para que se desarrollen con la máxima seguridad jurídica», ha indicado.

También ha afirmado que tuvieron una dificultad añadida al «tratarse de los primeros procesos selectivos de funcionarios de los cuerpos, escalas o especialidades de psicólogos o trabajadores sociales y no disponer en el seno de la administración autonómica de funcionarios de carrera de dichos cuerpos y escalas» para la formación de los tribunales.

Además, ha dicho que, en el momento de la puesta en marcha de estos tribunales, los profesionales con vínculos de fijeza en la administración general que trabajan habitualmente en los centros de política social, donde se encuentran concentrados la mayoría de los puestos de trabajo que se oferta, «no podían formar parte» de este por su condición de «personal laboral». «Y la mayoría de ellos se encontraban participando como aspirantes en el proceso de funcionarización que se estaban desarrollando, por lo que no podían participar al mismo tiempo como miembros de un tribunal de selección», ha apuntado.

«La administración autonómica encontró una solución conforme a la normativa vigente, con especialistas en otras administraciones públicas y fuera de ámbito de política social. Por lo tanto, estas pruebas, como todas, fueran garantistas y conforme a la normativa vigente», ha zanjado.