El sindicato CIG ha comunicado que una trabajadora de la planta industrial del grupo Nueva Pescanova en O Porriño (Pontevedra) llevará este jueves a juicio a la empresa por «falta de protección ante una situación de acoso» que denunció ante la compañía –por la que meses atrás se inició el protocolo frente a este tipo de situaciones–, y para reclamar que se deje sin efecto una sanción que se le impuso.

En rueda de prensa este martes, el secretario comarcal de la Federación Galega de Alimentación (FGAMT) de la CIG, Suso García, y la responsable de Igualdad de la CIG, Esther Mariño, han indicado que esta trabajadora se puso en contacto con el comité de empresa en febrero de 2020 para denunciar que estaba siendo acosada sexual y laboralmente por su jefe directo.

Según han indicado los sindicalistas, a raíz de esta denuncia la empresa cambió de turno a la trabajadora en lugar de a su superior y puso en marcha el protocolo de acoso, si bien con el paso del tiempo la empleada «se desanimó» a seguir con el mismo porque lo consideró «más un paripé a medida de los intereses de la empresa que para saber qué pasó».

De esta forma, han mantenido, la empresa «vulneró los derechos de protección» de la mujer al cambiarla a ella de turno, y también el respeto a su anonimato, ya que supuestamente se envió un correo electrónico con el nombre de la denunciante y no con el del denunciado. «La víctima está doblemente victimizada», han lamentado.

Tal y como han manifestado, el procedimiento abierto por el protocolo tendría que haber durado 30 días pero se prolongó 8 meses, y se cerró «con una sanción a la trabajadora por una falta muy grave», en la que le dicen que «podrían despedirla, pero se reducen a amonestarla». Con ello, los sindicalistas entienden que el mensaje que envía la empresa es que «la culpa es de ella y cuidadito con denunciar algo, porque las consecuencias son para ella».

Posteriormente, han indicado que se presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo por el procedimiento iniciado con el protocolo –en concreto por la demora en su tramitación y las medidas que tomaron– y por «castigar» a la empleada al cambiarla de turno. Según han comunicado, la Inspección impuso requerimientos, advertencias y sanciones respecto a la actuación de la compañía.

En este contexto, han censurado la «actuación grave de esta empresa» y «las atrocidades en la tramitación de esta denuncia», donde «la protección es para los acosadores, no para las víctimas». Este caso «muestra que empresas, sobre todo las grandes, tienen mucha publicidad sobre igualdad pero al estar en la línea de producción la cosa cambia mucho; Pescanova no es algo aislado», ha sellado García.

MEDIACIÓN

El pasado mes de noviembre la CIG ya denunció estas cuestiones en una rueda de prensa. Tras ello, han indicado este martes, la trabajadora, el sindicato y los portavoces sindicales recibieron por parte del jefe de la denunciante una citación a un acto de mediación previo a una querella criminal por un supuesto delito de calumnias e injurias graves.

«Entiende que cuando denunciamos públicamente, a él se le está calumniando», ha apuntado Mariño, que ha señalado que el hombre pidió «30.000 euros de indemnización para no ir a juicio». Así las cosas, han considerado que con esta citación «se está boicoteando y sancionando actuaciones frente al acoso».

VERSIÓN DE LA EMPRESA

La empresa, que este martes ha descartado hacer comentarios sobre estas cuestiones, explicó el pasado mes de noviembre que, tras recibir la denuncia, se puso en marcha el protocolo de actuación en casos de acoso y se trasladó a la Mesa de Igualdad de la empresa, compuesta por representantes de la parte sindical y de la empresarial, y la trabajadora ejerció «su derecho» a elegir a los miembros de la Mesa que compusieron la Comisión de Acoso.

Según detalló en aquel momento Nueva Pescanova a Europa Press, la Comisión se constituyó a principios de marzo y, paralelamente, mientras se desarrollaba la investigación interna, se cambió de turno a la empleada para que no coincidiese en su trabajo con la persona denunciada.

La Comisión (en la que hay miembros de la CIG) decidió «por unanimidad» posponer el inicio de la investigación debido al estado de alarma y, cuando se reanudó, se entrevistó a 17 personas, entre ellas la trabajadora y el supuesto acosador. Además, ha precisado la empresa, 8 de los testigos fueron elegidos directamente por la denunciante.

«Debido a lo delicado de la investigación», ha subrayado la empresa, la instrucción se alargó durante varios meses, «con el objetivo de encontrar evidencias concluyentes», durante los cuales hubo un «seguimiento» por parte de la Inspección de Trabajo.

Finalmente, la Comisión determinó el archivo del expediente, «al no haber podido acreditar situación de acoso alguna», ni haberse acreditado «ninguna de las acusaciones efectuadas», y así lo trasladó a las partes implicadas. Además, informó a la trabajadora de que sería sancionada «por haber obstaculizado de manera clara y probada la labor de investigación en este proceso».