La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña iniciará el jueves, día 20, el juicio contra una mujer acusada de asesinar a unos ancianos en su vivienda de Arzúa (A Coruña), en julio de 2016, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El juicio, con Tribunal de Jurado y por un delito de asesinato y otro de lesiones, se prolongará hasta el día 28. La mujer está acusada de asesinar, mientras dormían, a la madrina de su marido, así como a la pareja de esta. Además, el fiscal sostiene que acuchilló a su suegro.

La acusación pública asegura que durante estos episodios la investigada sufrió un brote psicótico. Por ello, solicita que sea condenada a 43 años de internamiento para tratamiento médico.

SEGUNDO JUICIO

Esta es la segunda vez que la mujer se enfrentará a un juicio, después de que el TSXG estimase el recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que decretó su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario.

En concreto, en base al veredicto del Tribunal de Jurado, la Audiencia de A Coruña absolvió a la mujer por falta de imputabilidad, pero acordó su internamiento para tratamiento médico por tiempo máximo de treinta años.

En el primer juicio, el jurado la consideró culpable de dos homicidios dolosos, pero también vio probado que durante la comisión de los hechos la acusada presentaba un trastorno psicótico agudo que anulaba totalmente sus capacidades cognitivas y volitivas.

Según el escrito de la Fiscalía los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de julio del 2016 cuando la acusada cogió un cuchillo jamonero de 25 centímetros de la cocina de su casa y se dirigió a la de los ancianos, a los que cuidaba.

Posteriormente, accedió a su interior mientras ellos dormían, según Fiscalía, con las llaves que el matrimonio solía guardar en el alfeizar de una ventana. Una vez en el dormitorio, les asestó varias cuchilladas que les causaron la muerte.

En el primer juicio, la procesada, que recibía tratamiento psiquiátrico desde el año 1994 por diagnóstico de esquizofrenia diferenciada, se acogió a su derecho a no declarar, al igual que el resto de familiares –marido e hija– con quienes residía en la vivienda.