La Xunta de Galicia ha requerido a la familia Franco que presente documentación adicional para tramitar su solicitud de traslado referida a las estatuas del Maestro Mateo, situadas actualmente en las Torres de Meirás, dada su consideración como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta información es también un requisito obligatorio en el caso de la Biblioteca de Emilia Pardo Bazán, recuerda la Consellería de Cultura, Educación e Universidades.

En concreto, explica que la Dirección Xeral de Patrimonio, como departamento autonómico con competencias en esta materia, ha recordado a los solicitantes que tanto las esculturas de Abraham e Isaac como la colección bibliográfica de la escritora cuentan «con máximo nivel de protección de la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia».

«Por lo tanto, para valorar la petición de traslado recibida es precisa una documentación detallada que por lo de ahora no se acercó», explica la Administración autonómica que aclara que los interesados disponen de un plazo de diez días para hacerlo.

Concretamente, señala, la información requerida debe ser incluida en una solicitud que especifique aspectos como condiciones de conservación, seguridad y protección, «imprescindible ante un bien con esta consideración».

PLAZO DE RESOLUCIÓN

«Mientras tanto, los bienes deberán continuar en el interior de las Torres de Meirás hasta que la Administración autonómica se pronuncie para lo cual dispone de tres meses», remarca la Consellería a este respecto y después de que la Audiencia Provincial de A Coruña revocase el depósito temporal de los bienes a favor del Estado y admitiese la demanda de la familia del dictador para su devolución a esta parte.

Al hilo de esta solicitud de documentación adicional, la Consellería recuerda que el Gobierno gallego ha demandado informes a las principales instituciones culturales del país (Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega y Real Academia Galega de Belas Artes), además del asesoramiento técnico y de especialistas, «para disponer de una argumentación sólida, respetando siempre las garantías jurídicas», apunta en relación a la solicitud de los Franco.

«La Xunta hace este requerimiento en el ejercicio de sus competencias en defensa del patrimonio de todos los gallegos, como viene haciendo desde el inicio del proceso», sostiene en relación al procedimiento seguido por la Administración autonómica.