El Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) ha desestimado, ante las «dudas» de los técnicos, la solicitud de cesión de 14 locales al Ayuntamiento de Vigo, cuyo Gobierno ha denunciado un «bloqueo sistemático» a sus iniciativas y ha criticado, además, que se les «haya negado el uso de la palabra» durante el consejo de administración, motivo por el que decidieron abandonar la reunión.
Este jueves se ha celebrado el consejo de administración de organismo local, presidido por la también delegada territorial de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, en el que el Consorcio ha desestimado la petición del Gobierno vigués sobre 14 locales de la zona alta del barrio porque el informe elaborado por los técnicos refleja «dudas sobre lo que realmente se está solicitando».
Según ha manifestado la presidenta del Consorcio, el documento técnico señala que el expediente «no acredita las facultades» que permiten a los representantes municipales del PSOE en el CCVV «formular solicitudes que comporten obligaciones para el Ayuntamiento de Vigo».
Así, entiende que «no parece posible» que esa solicitud «permita presumir que vaya a contar posteriormente con el respaldo municipal», ni tampoco se incluye «ni una mínima referencia a la disponibilidad para hacer frente al gasto».
Además, no se acompaña la solicitud de una memoria explicativa acerca de cómo el Gobierno local va a desarrollar los usos a los que alude. «Es decir, si los va a desarrollar directamente el Ayuntamiento o asociaciones particulares», ha explicado.
«BLOQUEO SISTEMÁTICO»
Con posterioridad al consejo de administración, la concejala de Urbanismo, María José Caride, ha lamentado «la actitud de la presidenta del Consorcio de bloqueo sistemático a las iniciativas presentadas por este ayuntamiento», tras lo que ha censurado también que esta resolución se produce «después de dos meses de espera».
«La desestiman por una cuestión formal, lo que es inadmisible», ha criticado la edila, que ha sostenido que «mientras a la Xunta se le facilita acceder a locales de forma gratuita, al Ayuntamiento, que está dispuesto a pagar 30.000 euros al año por la cesión de estos locales, se le bloquea, se le impide y se desestiman sus iniciativas».
Asimismo, ha denunciado que Fernández-Tapias les ha «negado el uso de la palabra» cuando querían «explicar los motivos» de su petición y «poner encima de la mesa el bloqueo institucional». «Nos retiró el uso de la palabra, y ante esa situación no nos ha quedado más remedio que abandonar esa reunión. Hacemos un llamamiento para que la presidenta cambie de actitud», ha concluido.
