El director de investigación de infoLibre, Manuel Rico –galardonado este año con el Premio José Couso de Libertad de Prensa–, autor del libro ‘¡Vergüenza! El escándalo de las residencias’ (Planeta), ha asegurado que lo que ha ocurrido en estos centros durante la pandemia ha sido «una de las mayores vergüenzas ocurridas en España en democracia».

Así, ha precisado que, aunque las competencias «siempre» fueron autonómicas, también el Gobierno central «tenía que haber considerado igual de críticas las residencias que los hospitales».

«Las competencias sobre las residencias siempre fueron de los Gobiernos autonómicos. España es un país serio: cuando se transfieren competencias, se publica en el BOE. Y el BOE jamás publicó dicho cambio competencial. El Protocolo del Gobierno Ayuso prohibiendo trasladar mayores de residencias a hospitales es del Gobierno Ayuso y la negativa del Gobierno Ayuso a medicalizar residencias incumpliendo resoluciones del TSJ de Madrid también es del Gobierno Ayuso», ha precisado Rico en una entrevista con Europa Press.

Si bien, ha añadido que esto no significa que el Gobierno no tuviera ninguna culpa. «¿Eso significa que el Gobierno central hizo todo bien durante la primera ola? En absoluto. El Gobierno central tenía que haber considerado igual de críticas las residencias que los hospitales, y no lo hizo», ha subrayado.

El periodista recuerda que el Gobierno central aprobó un decreto en marzo en el que ordenaba zonificar las residencias, dividirlas en espacios donde pudiesen estar contagiados o sospechosos y otras zonas libres del virus, pero critica que «no hizo una vigilancia» y «ese decreto no se cumplió muchas veces por las direcciones de las empresas, por caos organizativo, porque no tenían test, porque no detectaban a los asintomáticos o porque no tenían forma de zonificar».

Además, precisa que hubo comunidades autónomas que «pecaron por lo que hicieron» como Madrid y Cataluña con sus protocolos en los que hubo «discriminación por razón de edad y domicilio».

«El protocolo catalán era menos duro en los términos pero en la práctica, hubo 5 semanas en las que no se derivó a la mayoría de enfermos a los hospitales. En Madrid, tenían tres alternativas y no se utilizó ninguna: el hospital de IFEMA, los hospitales privados y la medicalización de las residencias», explica Rico.

Para el periodista, fueron «una vergüenza las condiciones en que fallecieron muchos abuelos sin recibir atención médica, desnutridos, llagados» pero advierte de que no todo fue consecuencia de las decisiones políticas que se adoptaron sino también de los «fallos estructurales del sistema de residencias en España», que ya estaban antes de la pandemia.

AUTOPISTA DE IMPUNIDAD

Uno de estos «fallos», según precisa, es que «el sistema de inspecciones en España es muy malo». «Si tuviéramos un sistema de residencias como el que tenemos, con un 90% privatizado pero hubiese un sistema de inspección sólido y un régimen sancionador sólido, el sistema funcionaría correctamente, pero las que funcionan de forma defectuosa tienen una autopista de impunidad», puntualiza.

Según desvela el libro, en España, 219 inspectores se encargan de controlar a las residencias, lo que equivale, de media, a un funcionario por cada 1.686 plazas de residencia. Además, Rico precisa que hay territorios donde los servicios de inspección prácticamente no existen.

Otra «anomalía» a la que Rico se refiere en el libro es que «fondos de capital privado controlan cada vez más residencias en España». «Entran en el mercado con el objetivo de, en un plazo máximo de 5 años, revender con el máximo beneficio posible», señala.

Asimismo, uno de los problemas con los que se encontraron las residencias ante la llegada del Covid fue el «ajustado» personal de estos centros, a lo que se sumaron las bajas por el virus; el tamaño de las residencias, las habitaciones dobles o la gran cantidad de espacios compartidos. «Las residencias están diseñadas para contagiar, no para frenar el virus», precisa.

Según explica en el libro, en los 30 principales grupos –aquellos que gestionan más de 800 camas–, el porcentaje de fallecimientos fue «mucho mayor» que el porcentaje de plazas, con una diferencia de 8,96 puntos porcentuales. Lo contrario ocurrió, según explica, en las residencias del resto del sector privado –pequeñas compañías y tercer sector–, donde «el porcentaje de fallecidos fue 8,56 puntos menor que el de camas gestionadas».

En este sentido, indica que cuando ha hablado con los directivos de grupos residenciales le han dicho que «el maremoto les pilló desprevenidos» y el periodista responde que «nadie estaba preparado» pero que «el maremoto puede llegar a las costas de Japón, a edificios con estructuras sólidas, o a las costas de Haití, donde arrasa con todo».

A su juicio, «el sistema residencial español estaba muy mal preparado para afrontar la pandemia» y si volviera a ocurrir lo mismo, afirma que «hay cosas que están mejor: más test, más EPIs, experiencia». En todo caso, añade que «hace falta mucho más dinero» para el sector y, en este sentido, considera que el acuerdo firmado entre el Ministerio de Derechos Sociales, patronales del sector de la Dependencia y sindicatos, «va por el buen camino».

También cree que sería necesario que se crease una comisión independiente que estudiase lo que ha ocurrido en las residencias porque «los familiares tienen derecho a que se haga justicia».