El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que presentó la asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 contra el Ministerio de Transportes por su negativa a revocar a parte de los integrantes de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF).
En una notificación a la que ha tenido acceso Europa Press, con fecha del 22 de abril, la sección sexta de la sala de lo contencioso-administrativo de este tribunal designa como magistrado ponente a José Ramón Giménez Cabezón. Cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días.
Además, esta sala requiere del ministerio la remisión en el plazo «improrrogable» de 20 días del expediente administrativo relativo a esa petición de revocación de miembros de la CIAF.
La plataforma de víctimas, que representa a la mayor parte de los afectados por el accidente ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, donde murieron 80 personas y resultaron heridas 144, presentó el pasado día 15 la demanda contra el ministerio.
Lo hizo después de que el ministerio de José Luis Ábalos desestimara –en una resolución que les llegó el pasado 17 de marzo– renovar a parte de los miembros de la CIAF, que según la plataforma «no goza de independencia» a día de hoy.
El día de la presentación del recurso, el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, pidió al ministro que «deje de mentir» al decir que «tiene sensibilidad con las víctimas» y que las atenderá las veces «que sea necesario» porque «es falso». Según Domínguez, llevan «dos años y medio detrás de él», sin que les haya concedido una reunión.
Las víctimas aseguran que Ábalos tiene la capacidad para destituir a miembros de la CIAF, pero censuran que «no lo ha hecho». En este sentido, denuncian que todavía no se ha hecho una investigación técnica «independiente» como «viene reclamando Europa» y recuerdan que la que se realizó en la época de Ana Pastor (PP) como ministra de Fomento fue rechazada por la Unión Europea porque no analizaba «las causas raíz» que afectaban a «Renfe, Fomento y Adif», y que la UE «obliga a repetirla».
La investigación, según subraya la asociación, la tienen que llevar a cabo personas que no formaran parte de Renfe y Adif, «ya que están investigados» en la causa y además tiene que analizar «todas las causas», que tienen que ver, precisamente, con el ministerio, la operadora y el administrador ferroviario, algo que «no hizo».
«CONTRA LAS VÍCTIMAS»
Finalmente, Domínguez señaló que también es obligación de estado «dar audiencia a víctimas y familiares» y hasta la fecha no ha ocurrido.
En este sentido, expresó que las víctimas se sienten «ninguneadas» por los tres últimos gobiernos «del PP, del PSOE» y ahora «del PSOE con Unidas Podemos» y que en este caso el estado está «contra las víctimas».
CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN
El 8 de abril trascendió la confirmación, ya definitiva, del cierre de la investigación del juzgado de instrucción número 3 de Santiago por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña.
De este modo, los dos imputados, el maquinista y el exjefe de seguridad en la circulación de Adif, Francisco Garzón y Andrés Cortabitarte, respectivamente, irán a juicio para determinar si son responsables de 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.
CARTA A LA PRESIDENTA DE ADIF
Después de conocerse el cierre definitivo, la plataforma de víctimas del accidente envió una carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para exigirle «que cumpla con su palabra» y cese al cargo de libre designación que irá a juicio por su etapa como responsable de seguridad en la empresa pública, Andrés Cortabitarte.
Tanto Pardo de Vera como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se comprometieron en diciembre de 2018 ante las víctimas a cesar a Cortabitarte de su puesto de libre designación en el momento en que la imputación fuera firme. «Ese momento ha llegado y esperamos que cumpla con su palabra para no generar aún más dolor a las víctimas y familiares», le dijo la plataforma a la presidenta de Adif.
A preguntas de los periodistas durante un acto en Santiago tras saberse del cierre de la causa, el ministro alegó que Cortabitarte había sido apartado de sus responsabilidades en materia de seguridad para que continúe en su cargo de libre designación.
