Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Vigo (PP, Marea de Vigo y BNG) han trasladado este miércoles su apoyo a los trabajadores de la concesionaria del mantenimiento de zonas verdes, tras el anuncio de huelga indefinida a partir de la próxima semana, y han instado al gobierno local a hacer cumplir a la empresa los pliegos del servicio.

El portavoz del grupo ‘popular’, Alfonso Marnotes, ha recordado que «hace años» que las zonas verdes de la ciudad están «abandonadas» y que la situación «no es culpa de los trabajadores». «Al contrario, cada vez son menos, y no puede ser que se les adeuden cantidades, que no se cumpla el pliego», ha denunciado el edil del PP.

Marnotes ha lamentado que el gobierno local «no sabe mantener» las zonas de la ciudad que refoma y, tras los trabajos y las inauguraciones, «las abandona» y las deja «sin mantenimiento». De hecho, ha incidido, hace unos años llegó a haber 130 empleados en la concesionaria de parques y jardines, y ahora apenas superan los cien, a pesar de que la superficie que tienen que atender se ha incrementado.

«Y el responsable siempre es el mismo, Abel Caballero», ha proclamado, al tiempo que ha criticado la falta de gestión del concejal de esa área, Ángel Rivas, que «ni está ni se le espera».

MAREA Y BNG

Por su parte, el grupo municipal Marea de Vigo ha criticado que la empresa concesionaria «usa la excusa del COVID» para incumplir el convenio colectivo y el pliego de condiciones de la adjudicación, que contempla un mínimo de 109 trabajadores fijos (mientras que el comité denuncia que se están haciendo contratos parciales o por horas).

Al respecto, Rubén Pérez ha advertido de que el alcalde no puede permitir a una empresa concesionaria actuar así, «sin control público», y ha instado al gobierno local a «auditar y controlar» las condiciones laborales del personal de las concesionarias, «ya que el Ayuntamiento es responsable del cumplimiento de la legislación laboral» y de que «no se destruyan los derechos laborales adquiridos».

Mientras, el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, se ha hecho eco de las denuncias del comité, y ha criticado que la UTE concesionaria no solo no cumple el ratio de trabajadores fijos, sino que debe a la plantilla dos meses del plus de tóxicos y ha incumplido las condiciones del pago de liquidaciones tras el cambio de concesionaria.

Según ha recordado, el Ayuntamiento adjudicó hace unos meses este servicio por más de 33 millones de euros, por un período de 5 años, y no se puede permitir que la empresa, que presta un servicio municipal, «vulnere derechos laborales». «Ya basta de la barra libre que ha impuesto Caballero para las concesionarias, estos trabajadores están en un servicio que se paga con dinero público y el gobierno local no puede mirar para otro lado», ha incidido.