El Gobierno ha tramitado el 70% de las 228.994 propuestas de sanción por desobediencia que impusieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del primero estado de alarma decretado en marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia de Covid-19, en aplicación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’. A fecha de 24 de marzo de 2021, quedan en tramitación 67.292 y han finalizado 161.702 expedientes. En concreto, Galicia ha tramitado 15.918 multas.

Los datos se recogen en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, sobre los expedientes por las infracciones del artículo 36.6 de la ‘ley mordaza’ tramitados por las Delegaciones del Gobierno, bajo competencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Es decir, sólo alude a las multas por desobediencia dentro del millón de propuestas sancionadas en los tres primeros meses de pandemia.

El Gobierno aclara en su respuesta a la pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu que en la estadística no se incluyen datos de Cataluña y País Vasco, ya que «han asumido competencias en materia de seguridad y las Delegaciones del Gobierno no son competentes para tramitar los expedientes sancionadores». Tampoco aparecen los expedientes en aplicación de otras leyes con las que las autoridades pueden sancionar a los infractores.

DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Según los datos hasta el 24 de marzo de 2021 de los que sí dispone el Gobierno, la comunidad autónoma en la que se impusieron más propuestas de sanción por no cumplir las restricciones del primer estado de alarma fue Andalucía: se redactaron 59.005 multas en aplicación del artículo 36.6 de la ‘ley mordaza’, de las que se han tramitado ya 43.889 (74%) y quedan pendiente 15.116.

La cifra de Andalucía es nueve veces superior a la Comunidad de Madrid, donde se tramitaron 5.614 multas –la mitad, 2.800, expedientes ya finalizados– de acuerdo al mismo artículo de la ‘ley mordaza’, una norma aprobada durante la mayoría absoluta del PP que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se comprometió a reformar.

La estadística no incluye, por tanto, las multas de entre 600 y 600.000 euros que la propia Comunidad de Madrid advierte que puede imponer en aplicación a otras leyes: la Ley 33/2011, de 4 de Octubre, General de Salud Pública y la Ley 12/2001, de 21 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Las propuestas de sanción en Madrid dentro del primer estado de alarma en aplicación de la ‘ley mordaza’ son similares a las impuestas en Aragón (5.837 multas), Extremadura (5.354), Asturias (4.390), Navarra (4.240) o La Rioja (4.272). Los que presentan cifras más bajas son las ciudades de Ceuta (1.807) y Melilla (2.622).

Tras Andalucía, las regiones con más multas tramitadas son Canarias (34.828, de las que 21.371 son expedientes finalizados), Castilla y León (24.732, de las que 17.321 están ya tramitadas), Comunitat Valenciana (23.876 multas, tramitadas 19.993), Castilla-La Mancha (18.236 multas, con tramitadas 15.646) o Galicia (15.918 multas, con 12.396 finalizadas).

MÁS DE UN MILLÓN DE MULTAS TRAMITADAS

Tras la declaración del primer estado de alarma, el Ministerio del Interior informó cada día tanto de las propuestas de sanción como de los detenidos por infringir las restricciones de movilidad en un confinamiento domiciliario estricto, con una cifra global que superó el millón de multas.

Las 228.994 propuestas de sanción de las que habla en su respuesta el Ejecutivo se refiere a las tramitadas por el artículo 36.6 de la ‘ley mordaza’, que sanciona como infracción grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse o aportar datos falsos o inexactos. La sanción oscila entre los 601 y 30.000 euros.

El Gobierno explica que la competencia sobre los procedimientos sancionadores «una vez finalizado el primer estado de alarma corresponde a las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla».

«Los procedimientos sancionadores se inician a la vista de las denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no todas las denuncias se convierten en expediente sancionador, ya que corresponde al instructor determinar si, a la vista de la denuncia, procede o no el inicio del procedimiento», añade el Gobierno, que aporta datos sobre expedientes tramitados por procedimiento abreviado y los archivados.

El primer estado de alarma se saldó con 1.142.127 multas impuestas en toda España –desde el 14 de marzo al 21 de junio–, frente a las 220.296 sanciones del segundo estado de alarma –desde 26 de octubre hasta la fecha–. Asimismo, en el primero de los estados de alarma se llevaron a cabo 9.173 detenciones, por 2.952 en el segundo.

El Gobierno ha ido ofreciendo datos de las multas a través de algunas respuestas parlamentarias. La anterior se remonta a octubre de 2020, cuando se habían finalizado 7.408 expedientes con resolución sancionadora o pago anticipado. Es decir, por entonces no llegaba ni al 1% del millón de multas tramitadas, sumando las cursadas tanto en aplicación de la ‘ley mordaza’ y de otras como la Ley General de Salud Pública.