La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) esperan que se produzca «una recapacitación y negociación de última hora en el Senado» sobre la ley del cambio climático.

A través de un comunicado de prensa conjunto, insisten en que la entrada en vigor de la nueva ley tal cual salió adelante «pondría en grave riesgo» el futuro del sector mar-industria.

«Si la normativa sale adelante sin modificaciones en la redacción del artículo 18 (que establece que los plazos de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre computan desde su otorgamiento e incluyen todas sus prórrogas, lo que los limita a 75 años), muchas empresas del sector ubicadas en la costa –solo en Galicia más de 100, entre las que se incluye la biofábrica de Ence en Pontevedra–, se encontrarían ante el inminente fin de su autorización», advierten.

Ambas organizaciones empresariales rechazan la redacción del artículo 18 «porque genera inseguridad jurídica e inestabilidad, paralizando las inversiones de empresas que están desarrollando su actividad sin problema y que además deben situarse necesariamente en la franja litoral para ello, por tratarse en su mayoría de depuradoras y cocederos de marisco, plantas acuícolas o conserveras».

Y es que tanto CEOE como CEG consideran que «el trabajo de las administraciones debería estar orientado en la línea de afianzar los puestos de trabajo y de las industrias de este sector en lugar de poner en riesgo numerosas instalaciones –en la comunidad gallega también afecta a casi 5.000 edificios que se encuentran en el marco de protección marina– y miles de empleos».

«OBVIANDO LA COSTA GALLEGA»

En el caso concreto de Galicia, la patronal gallega insiste en que bajo su parecer «se están obviando las singularidades de la costa gallega –que ocupa 1.700 kilómetros–, su importancia para el sector industrial y en definitiva para el conjunto de su economía, por lo que la regulación debe equilibrar la protección y conservación del medio natural gallego y el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma y por tanto de sus sectores productivos».

Así las cosas, CEOE y CEG confían en que se produzca «una recapacitación y negociación de última hora en el Senado», obligando al Congreso a volver a pronunciarse sobre la ley.