La Fiscalía pide penas que suman 37 años de prisión para una mujer vecina de Vigo, acusada de engañar a mujeres vulnerables procedentes de Sudamérica con la excusa de ofrecerles empleo doméstico y con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales y los de su marido (contra quien no se sigue la causa por haber fallecido). La procesada será juzgada este martes y este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Según el ministerio público, entre marzo y octubre de 2019, la acusada o su marido contactaron a través de una página web de anuncios con siete mujeres de diferentes países sudamericanos, todas ellas en situación muy vulnerable, a las que ofrecieron empleo como trabajadoras domésticas y niñeras de su hija de 6 años, prometiéndoles que les pagarían un salario y regularizarían su situación administrativa en España.

En todos los casos, mantuvieron entrevistas con ellas en su domicilio, en la zona de Castrelos, y las convencieron de que, para obtener el trabajo, debían someterse a un reconocimiento médico que el propio marido les realizaba, haciéndose pasar por profesional sanitario. Ese falso reconocimiento consistía en tocamientos y en la introducción de un hisopo en la vagina y en el ano.

Varias de las mujeres no volvieron al piso después de ese ‘reconocimiento’, aunque al menos dos de ellas sí llegaron a trabajar para el matrimonio. Así, una mujer nicaragüense trabajó en el piso un día, y la obligaron a desarrollar las tareas domésticas vestida solo con tanga y sujetador, advirtiéndole de que pertenecían a una peligrosa organización de tráfico de drogas y órganos, y que tenían cámaras instaladas en la vivienda, por lo que no podría negarse a lo que le pidieran, bajo la amenaza de que podrían hacerle daño a ella o a sus hijos.

La acusada también hostigaba a la mujer exigiéndole que mantuviera relaciones sexuales con ella o con su marido, o que se duchara con la puerta del baño abierta, y llegó a golpearla. Al día siguiente de empezar en ese empleo, la víctima aprovechó una salida para acompañar a la acusada a llevar a su hija al colegio para escapar.

Una séptima víctima, una mujer colombiana, llegó a trabajar para el matrimonio durante 8 días, y también fue intimidada y amenazada para no salir del piso y someterse a los deseos de ambos (ducharse con la puerta abierta, trabajar en ropa interior o someterse a supuestas exploraciones médicas), todo ello en medio de una atmósfera de terror. La mujer estuvo en esa situación hasta que fue rescatada por la Policía, el 17 de octubre de 2019.

DELITOS Y PENAS

Por estos hechos, la Fiscalía considera a la acusada cooperadora necesaria en cinco delitos de abuso sexual con introducción de objeto, con engaño, abuso de superioridad y abuso de situación de necesidad.

Asimismo, estima que es autora de un delito de agresión sexual con intimidación, y un delito de detención ilegal; así como de un delito de trata de seres humanos con engaño, con fines de servidumbre y explotación laboral, en concurso con un delito de detención ilegal y uno de agresión sexual; y de un delito de maltrato de obra. A ellos se suman varios delitos contra los derechos de los trabajadores.

En atención a estas acusaciones, reclama que se le impongan penas que suman 37 años de cárcel, así como la prohibición de acercarse a las víctimas. En el caso de las mujeres abusadas sexualmente, reclama que las indemnice en 5.000 euros a cada una; mientras que en el caso de las dos víctimas que llegaron a trabajar para el matrimonio, pide indemnización de 6.000 euros para cada una.

El marido de la acusada también fue detenido por estos hechos pero, cuando se estaba realizando el registro de su domicilio en presencia de la comisión judicial, el hombre aprovechó un momento de descuido y, pese a estar esposado, se abalanzó contra la ventana de la cocina, fracturando el cristal y precipitándose al vacío desde el noveno piso.