La pandemia y las nuevas normas para garantizar la salud pública frente a la covid-19 han derivado en una carga de trabajo extra en las labores de vigilancia y control por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como en la tramitación de expedientes sancionadores. Una carga que se nota más en los ayuntamientos, sobre todo en los de tamaño más reducido, por la falta de medios técnicos y de personal, pero de donde salen numerosas propuestas de sanción.

Aunque algunas adquieren más notoriedad, como el caso reciente de la propuesta de sanción en Cambados al líder opositor venezolano Leopoldo López por saltarse el cierre perimetral (posteriormente él justificó su viaje a Galicia para reunirse con «compatriotas exiliados y víctimas de la dictadura de Maduro»), los incumplimientos se cuentan por miles.

Así lo reflejan los datos actualizados de las actuaciones realizadas en el marco del convenio firmado a finales de noviembre por la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para colaborar con los ayuntamientos que lo precisen en la tramitación de las sanciones. A día de hoy, son un total de 181 los municipios adheridos –58 de A Coruña, 53 de Ourense, 44 de Pontevedra y 26 de Lugo–.

Las primeras denuncias en virtud de este convenio entraron en la Xunta el 14 de diciembre de 2020 y, menos de cuatro meses después, el total de denuncias municipales que han llegado a la Administración autonómica para su tramitación superan ya las 8.400 –a fecha de 9 de abril se habían registrado 8.419, según los datos facilitados por la Vicepresidencia Primera a Europa Press–.

Del total, las propuestas para más de 2.200 están ya notificadas a los presuntos incumplidores (en torno a un 26%); y las demás se encuentran en distintas fases de su tramitación, dado que se trata de un procedimiento pautado que incluye varios pasos y la posibilidad de que la persona afectada, por ejemplo, presente alegaciones.

NO LLEVAR MASCARILLA, EL INCUMPLIMIENTO MÁS DENUNCIADO

De las denuncias analizadas se concluye que el tipo más numeroso de infracción es, con mucha diferencia, la derivada del incumplimiento del uso obligatorio de mascarilla.

Aunque hay casos muy variados dentro de esta infracción, suman más denuncias los de imcumplimiento del uso de mascarilla en el interior o terraza de establecimientos hosteleros, los de viajeros que no la llevan mientras circulan en vehículos con otras personas no convivientes (vehículos particulares, la mayoría); y los individuos que deambulan solos por la calle sin este elemento protector.

En Galicia –cuyo régimen sancionador, incorporado en la reforma de la ley gallega de salud, ha avalado recientemente el Consejo de Estado (que sí plantea que se aclaren en el Tribunal Constitucional las dudas sobre el precepto ligado con la vacunación)–, la multa por no llevar mascarilla asciende a 100 euros.

Otras infracciones que llegan desde los municipios, aunque menos numerosas, son las de incumplimiento del horario de cierre en los establecimientos de hostelería, el consumo en la barra de estos negocios (y consentirlo por parte de los encargados de los mismos), las reuniones en ‘botellón’ y fumar en la vía o en otros lugares públicos.

En declaraciones a Europa Press, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha constatado que, aunque siguen muy lejos de las infracciones del uso de la mascarilla, «en las últimas semanas» han empezado a entrar más propuestas de sanción por fumar en la vía o en otros lugares públicos o participar en ‘botellones’, lo que también ha ligado con la «intensificación de los controles».

UN NÚMERO DE DENUNCIAS «MUY IMPORTANTE»

Aunque las primeras denuncias se registraron a mediados del pasado mes de diciembre, Prieto ha destacado que fue a principios de 2021 cuando la maquinaria empezó a funcionar «a buen ritmo». En todo caso, ha admitido que las «peticiones de ayuda de los ayuntamientos» llegaron a la Xunta casi «desde el principio de la pandemia».

«Se encontraban con infracciones novedosas que no existían en el ordenamiento hasta el momento, como no llevar mascarilla, por ejemplo. ¿Quién iba a pensar hace un año en la obligatoriedad de la mascarilla. Esto suponía una importantísima carga de trabajo que no podían asumir por falta de medios personales y técnicos», ha reflexionado.

Pero una vez puesto en marcha el convenio, superada la polémica política previa con cruces de impresiones entre las entidades locales (que se notan presionadas con nuevas tareas sin medios) y la Xunta, la responsable de Administración local asegura que el balance es «positivo» en el sentido de que el «muy importante número» de denuncias tramitadas evidencia que «funciona» y que se persigue a los infractores.

COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS EN EL PROCEDIMIENTO

Según ha explicado Prieto, una treintena de trabajadores de la Administración autonómica se encargan de las labores de tramitación (26 propiamente centrados en las mismas y cuatro supervisores, que solventan dudas jurídicas y vigilan la uniformidad de criterios), pero en todo el proceso hay una «cooperación permanente» con los ayuntamientos.

Y es que, desde el momento en el que el municipio en cuestión recibe una denuncia que puede llegar desde los distintos cuerpos de seguridad, se la remite a la Xunta «a través de un canal habilitado de relación fluida». La Administración autonómica procede a la elaboración de todos los acuerdos de inicio, notifica la denuncia y adjunta las cartas de pago para los ciudadanos que quieran acceder a los descuentos por hacerlo pronto o alegar.

Los trámites continúan con la propuesta de resolución y con la resolución definitiva, pero Prieto ha destacado que en todo el proceso hay «una estrecha comunicación» con el ayuntamiento, ya que «es el propio alcalde quien firma los oficios». «Desde la Xunta nos encargamos de la tramitación, pero todo va revisado por el ayuntamiento», ha remarcado.

LA FEGAMP PONE EL FOCO EN LA VIGILANCIA

Por su parte, más allá de cuestiones puntuales que se puedan mejorar, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha constatado, en declaraciones a Europa Press, que el convenio está funcionando con normalidad.

Pero ha advertido que, bajo su punto de vista, el principal problema no está en la tramitación de las multas, sino en las tareas de vigilancia y control de las calles que, por ejemplo, en muchas ocasiones «están recayendo» en la Policía Local y suponen una carga de trabajo extra muy importante.

En la línea con esta visión, representantes de los cuerpos de la Policía Local, de hecho, han denunciado reiteradamente que hay municipios con «escasez» de agentes o que no tienen.

Así, Varela ha constatado que puede haber municipios que se enfrentan a «dificultades» para controlar incumplimientos en la vía pública y ha reivindicado la necesidad de dar pasos adelante, ya que de momento considera que no ha ocurrido, y de que haya una «muy buena coordinación» entre administraciones.

«Tener medios para el control de los espacios públicos es lo primero, lo crucial», ha zanjado.