El Tribunal Supremo resolverá en mayo el recurso a la sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la ex jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que está dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así lo ha confirmado el abogado de Pilar de Lara, Agustín Azparrén, quien ha comentado que el Supremo ha anunciado que «deliberará» sobre este recurso a finales de abril y a partir de ahí el plazo correría quince días más para dictar la sentencia definitiva.

«Probablemente para mayo tengamos la sentencia, una vez que se reúne el tribunal delibera y toma una decisión, el ponente tiene que redactar el fallo y pasárselo al resto (del tribunal) para la firma y eso lleva unos días», ha precisado el representante legal de Pilar de Lara.

En cuanto a lo que se espera, Agustín Azparren ha indicado que «siempre que hay un recurso se espera ganarlo, aunque por los precedentes y por lo dicho, en el caso de que no fuera favorable quedarían dos vías que son el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», ha señalado el letrado.

Al respecto, ha asegurado que se mantienen las «alegaciones» que se presentaron al castigo, por dilaciones indebidas de siete meses y un día y por el que perdió el destino en Lugo para pasar a ejercer en un juzgado de Ponferrada. Este abogado madrileño ha manifestado que «hay otras causas» para que salga adelante el recurso que tienen que ver «con la legitimación del Consejo General del Poder Judicial, sobre la inconstituiconalidad en el hecho de que la comisión disciplinaria forma parte del pleno (del Consejo General del Poder Judicial) que resuelve los recursos».

En definitiva, ha indicado que estará pendiente y muy encima de la «interinidad» en la que se encuentra el Consejo, cuya renovación se debería de haber abordado hace ya años.

«CUMPLIÓ EL CASTIGO»

Con todo, Agustín Azparren avanza que si el fallo no es favorable se irá inmediatamente al Tribunal Constitucional porque la jueza sigue convencida de que no tiene ninguna «responsabilidad» sobre los argumentos que se lanzaron contra ella para su sanción, como son las dilaciones indebidas en las múltiples macrocausas que llevó en el juzgado de Lugo, como la ‘Operación Carioca’, sobre redes de prostitución, o la ‘Pokémon’ sobre corrupción política, entre otras instrucciones.

Otra cosa es que «ella cumplió el castigo, que no se suspendió por el Tribunal Supremo y ahora está en un nuevo destino», en este caso en un juzgado de Ponferrada.

«Si el Supremo le da la razón se produce un problema complicado por que la tendrían que reintegrar a la plaza de Lugo y en todo caso tendría que dejarse sin efecto la sanción ejecutada. En el caso de que no ocurra así, ella está convencida que no tiene responsabilidad, con lo que va a agotar todos los recursos que le da la ley para intentar que se restablezca la situación que considera injusta», ha concluido Azparren.