El PPdeG ha votado en contra de una iniciativa del BNG para demandar la investigación de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica y la anulación de las relativas a bienes de dominio público, lo que ha impedido su aprobación, tras remarcar que hay «un cauce procesal» para la reclamación.

En el marco de la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento de Galicia, el diputado del Bloque Luis Bará ha defendido una proposición no de ley (PNL) que ha apoyado el PSdeG y respecto a la que el PPdeG se ha posicionado en contra. Así, el grupo nacionalista buscaba que la Xunta pidiese al Gobierno ampliar la información aportada sobre los bienes inmatriculados para facilitar su identificación y localización.

También se demandaba la investigación de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia. Además, el BNG aspiraba a que la Xunta instase al Ejecutivo central a anular las inmatriculaciones realizadas sobre bienes de dominio público y a reclamar la titularidad del dominio de las efectuadas sin un título material y previo.

Asimismo, la iniciativa planteaba que el Gobierno gallego pusiese en marcha una oficina de información y asesoramiento a las entidades que reclamasen estos bienes y promoviese acciones para anular las inmatriculaciones de bienes de dominio público y las realizadas sin acreditar la titularidad. Por su parte, el PSdeG presentó una enmienda que el BNG no ha aceptado al considerar que no modificaba sustancialmente la PNL.

Este posicionamiento en contra se produce, precisamente, un mes después de que el pleno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei (Lugo), gobernado por el ‘popular’ José Pardo, aprobase por unanimidad una moción encaminada a revertir posibles inmatriculaciones «incorrectas» de la Iglesia como campos de la fiesta o caminos.

«APROPIACIÓN MASIVA DE PROPIEDADES»

Durante la comisión parlamentaria celebrada este miércoles, Luis Bará ha denunciado que la «apropiación masiva de todo tipo de propiedades de dominio público» por parte de la Iglesia Católica no dio comienzo con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el gobierno de Aznar, sino que representa «una anomalía democrática» que se remonta al franquismo, del que la Iglesia actuó como «cómplice», lo que causó que fuese «objeto de privilegios».

Posteriormente, ha recordado que el Tribunal de Estrasburgo concluyó en 2014 que el procedimiento podría suponer «violar el derecho de propiedad privada», tras lo que el ejecutivo de Mariano Rajoy anunció su derogación. No obstante, ha criticado que pese a que fue en 2017 cuando se publicó una iniciativa en el Congreso para demandar un inventario sobre las inmatriculaciones, este no se publicase hasta este año.

En esta línea, el diputado del BNG ha remarcado que la mayor parte de los bienes inmatriculados «no son de culto» y ha incidido en que no habrá «ningún problema» si la Iglesia Católica demuestra su titularidad. Así, ha insistido en que la iniciativa busca investigar y anular «los registros que se hicieron de forma irregular» y ayudar a los colectivos a «recuperar esos bienes», pero «no se va a quitar a nadie nada que no sea de su propiedad».

Bará también ha lamentado que el PP sea «coherente con lo que defendió en 2017», cuando se opuso a la iniciativa que reclamaba la realización de un inventario.

REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA

Por su parte, el diputado ‘popular’ Alberto Pazos Couñago ha defendido que la reforma de la Ley Hipotecaria no conllevó «ningún privilegio» para la Iglesia Católica, sino que finalizó con una «discriminación», ya que «todas las religiones podían registrar sus templos salvo una».

De este modo, ha recalcado que «los templos no son bienes de dominio público ni lo fueron nunca» y ha puesto el foco en que «la inmatriculación no es adquirir una propiedad, por tanto, no puede haber expolio». También ha destacado que la falta de un título no debe suponer que no se ostente la propiedad de un bien necesariamente, por lo que ha acusado al BNG de buscar que la titularidad de catedrales de iglesias pase a ser pública y «eliminar el culto» de las mismas.

Así las cosas, Pazos Couñago ha apuntado que, si se busca facilitar el acceso a información sobre los bienes, se debe acudir al registro y ha remarcado que existe un «cauce procesal» para la reclamación por parte de entidades o personas físicas de los de propiedad privada. También ha afirmado que la lista de bienes inmatriculados fue comenzada durante el mandato de Rajoy.

La diputada socialista Paloma Castro ha considerado que la iniciativa del BNG busca «atribuir a cada uno lo que le corresponde» y ha afirmado que su formación ha presentado otras similares. Además, ha resaltado que «tuvo que llegar el gobierno de (Pedro) Sánchez para decir a la Iglesia que todos somos iguales» y ha defendido que la elaboración del inventario de bienes inmatriculados «fue necesaria».

No obstante, ha reprobado la inacción del gobierno de Rajoy y ha avanzado que es momento de «dar un paso más», aunque ha subrayado la dificultad que conlleva realizar un procedimiento administrativo sobre «actos dispositivos de hace años» y localizar bienes.