La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, ha mantenido este lunes en Santiago un encuentro con representantes de la ONG Ecos do Sur, para abordar los avances que desde la Xunta se están realizando para elaborar el I Plan Estratégico de Galicia contra la trata.
Este Plan, ha recordado la Xunta, nace para combatir la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas de trata. Se trata de articular medidas de apoyo, atención, acompañamiento y asesoramiento integral -jurídico, psicológico, sanitario y formativo- a las víctimas. También se pretende reforzar la red de acogida para las mujeres dispuestas a denunciar la coacción y la violencia de la que son objeto.
Para el diseño de la iniciativa, que se espera completar en este semestre, ha especificado López Abella, la Xunta está contando colaboración de las ONG especializadas en esta materia, que forman parte de los grupos de trabajo que ya se están reuniendo.
El Plan estratégico para combatir la vulneración de los derechos de las víctimas de trata se suma la otras medidas que ya tiene en marcha a Administración autonómica en este campo.
En concreto, la ley gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género recoge, en su artículo 3, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como una forma de violencia de género.
Galicia es pionera en la implicación de una Administración Autonómica en la lucha contra esta lacra con la firma en enero de 2010, y actualizado en 2012, de un protocolo entre la Fiscalía Superior de Galicia y la Xunta sobre la adopción de medidas de prevención, investigación y tratamiento a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Asimismo, la Administración autonómica tiene articuladas desde 2012 ayudas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de ser humanos con fines de explotación sexual y/o laboral. La Administración autonómica trabajó con más de 7.000 mujeres en esta situación desde entonces.
