La CIG presentó un recurso que asegura que ha sido admitido a trámite ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la Consellería de Cultura por realizar «reiteradas encomiendas de gestión» a Tragsatec para realizar trabajos «que son propios del personal funcionario» del departamento autonómico.

Por su parte, fuentes de la consellería que dirige Román Rodríguez consultadas por Europa Press se limitan a defender que este «es un medio propio de la administración, previsto en la normativa, que se emplea en base al interés público».

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural cuenta con una comisión del patrimonio histórico y de los caminos de Santiago que es la encargada, entre otras competencias, de elaborar los expedientes de autorización de obras que se acometan en el ámbito de influencia de los caminos.

«Normalmente estos expedientes llevan un informe arquitectónico de los elementos constructivos que se acometen y si la obra afecta a un elemento patrimonial (castro, petroglifos, etcétera) también es preceptivo un informe arqueológico hecho por el personal técnico de la consellería», explica la central nacionalista.

Sin embargo, el número de arqueólogos es, para la CIG, «manifiestamente insuficiente para cubrir todas las necesidades de inspección y elaboración de informes». En concreto, lo sitúa «en torno a 15» entre servicios centrales y jefaturas territoriales.

Una situación que advierte de que se ve «agravada» por el aumento «enorme» de expedientes de obra con el reconocimiento y delimitación de más caminos que el francés y con el aumento de la distancia de influencia.

«PERVERSA FIGURA»

En este contexto es en el que critica que «en 2018 la dirección xeral comenzó a recurrir a la perversa figura de la encomienda de gestión a Tragsatec, que fue renovando hasta el día de hoy con seis encomiendas que pasan del millón de euros».

El departamento autonómico puntualiza que «el Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público, está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec».

El pasado 31 de diciembre, según denuncia la CIG, el DOG dio publicidad a «una nueva encomienda» a Tragsatec para «un trabajo que tendría que ser realizado por arquitectos y arqueólogos funcionarios, pero que se externaliza a una supuesta empresa pública que no tiene entre sus fines realizar trabajos de este tipo».

Lo «escandaloso» de esta nueva encomienda, para la central nacionalista, es «que es la séptima desde julio de 2018» y que este «se convirtió en el funcionamiento normal de la administración».

Con esto, de acuerdo con sus números, «se destinaron ya más de 1,5 millones de euros de los gallegos para esta contratación de una administración paralela», en el marco de una «arbitrariedad» ya que «una encomienda que en 2018 costó 261.000 euros, en 2019 se hizo por 159.000, en 2020 costó primero 395.000 y luego 308.000 euros y en 2021 valdrá 409.000 euros».