El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este jueves de que la Xunta remitirá al Parlamento de Galicia el anteproyecto de ley para la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa, la primera privada en Galicia impulsada por Afundación, después de que fuese autorizada por el Gobierno central.
De ello ha dado cuenta el máximo mandatario autonómico en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha explicado que se trata del último trámite tras su aprobación por parte del Ministerio de Universidades el pasado mes de noviembre.
En su intervención, Feijóo ha subrayado que la Xunta de Galicia sigue «la aplicación del marco jurídico vigente», que es el Real Decreto de Creación, Reconocimiento y autorización de universidades y centros públicos.
Feijóo ha recodado que Galicia Obra Social Afundación presentó la solicitud en 2018, momento a partir del que se inició el procedimiento. «Hasta que tuvo el informe favorable del ministerio no podría tramitarse y remitirse con seguridad al Parlamento», ha señalado.
Feijóo ha insistido en que, esta solicitud que busca el reconocimiento de la Universidad Intercontinental, «siguió todos los trámites perceptivos» de forma que recibió el visto bueno del Ministerio de Universidades y, posteriormente, fue avalada por la Conferencia General de Política Universitaria.
«En resumen, según la propuesta realizada, esta universidad aspira a constituirse como universidad privada de servicio público especializada en el ámbito de la empresa», ha apuntado.
TITULACIONES
En su intervención, Feijóo ha detallado que las titulaciones que se oferten serán reguladas por decreto de la Xunta, «una vez creada la universidad» y a través de un «trámite y procedimiento adicional».
«No se regula en la ley sino que, de acuerdo con la normativa, se regula mediante decreto del Gobierno a propuesta de la universidad, una vez esté creada y que tenga personalidad jurídica», ha apuntado.
INFORME DEL CES
Sobre este anteproyecto, el Consello Económico y Social emitió un informe negativo el pasado mes de febrero, un documento que en aquel momento la Xunta enmarcó en los pasos contemplados en la normativa para sacar adelante el proceso de creación de la institución académica privada pero que reflejaba «carencias» técnicas y administrativas que se debían de subsanar.
