Tres personas han sido detenidas en la operación por la que la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía registra este jueves la sede del colegio de enfermería de Pontevedra, ubicada en Vigo.

En concreto, se trata del presidente del ente, Carlos Fernández, su mujer y su hija, según informan a Europa Press fuentes próximas a la investigación. La operación parte del juzgado de instrucción número dos de Vigo.

Los agentes han efectuado registros, además de en la sede del colegio, en otro domicilio. El que afecta al órgano profesional todavía no ha terminado y la UDEF continúa recabando información.

El pasado mes de enero salió a la luz la existencia de dos condenas al colegio de enfermería de Pontevedra al pago de cuotas al Consejo General de Enfermería de España.

DENUNCIA DEL SECRETARIO

En concreto, fue el secretario del colegio de enfermeros pontevedrés, José Faustino Portela, quien acusó al presidente, Carlos Fernández, de «hundir» la institución con su gestión, mientras que este replicó asegurando que faltaba «a la verdad». Ambos llevan más de 20 años en el organismo.

José Faustino Portela hizo públicos estos enfrentamientos al remitir un comunicado de prensa a los medios de comunicación acompañado por diversa documentación.

Denunciaba entonces que el ente fue «nuevamente condenado al pago de más de 1,5 millones de euros al Consejo General de Enfermería de España». Y precisaba que la última sentencia fue dictada por el juzgado contencioso administrativo número 3 de Pontevedra pero «viene a sumarse a la de 2014 en la que ya se condenaba al colegio al abono de 4,5 millones de euros».

«Carlos Fernández no comunicó ninguna de las sentencias a sus colegiados y esta última se hace pública por su inclusión en la carta de despido de un trabajador del colegio tras una inspección de trabajo que supone una sanción de 120.000 euros por distintas irregularidades de la entidad», afirmaba.

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, el secretario de la entidad señalaba en enero que «hasta que haya pruebas» no podía «hacer nada» en el ámbito de la justicia, pero justificaba hacer pública esa información ya que el presidente, según decía, no respondía a sus demandas.

DEFENDÍA SU GESTIÓN

Por su parte, Carlos Fernández, consultado entonces por Europa Press, remitió a su abogado pero defendió su gestión y dio unas explicaciones que, según argumentaba, ya conocían los colegiados.

Así, indicó que en su día el colegio dejó de abonar las cantidades porque «se decidió en una asamblea general» al ser los servicios «ninguno o muy pocos». Esta reunión «nunca tuvo lugar» según el secretario.

En cualquier caso, Fernández, que reconocía que «hace dos años que se está abonando el 30%» de esas cuotas, aseguraba que Portela «falta a la verdad» en el relato de los hechos y resolvió que estas cuestiones serían tratadas «en junta de gobierno», por lo que rechazaba «entrar» en las acusaciones. «Lleva más de 20 años en la junta de gobierno y ha sido persona de mi confianza. ¿Se da cuenta ahora?», se preguntaba en enero.