Asociaciones por la igualdad lingüística han llamado este martes en Madrid a poner fin a la «discriminación» que aseguran que el Estado practica contra las lenguas minoritarias que se hablan a lo largo de la geografía española, y a impulsar una política «decidida» para extender el conocimiento y el respeto al catalán, el euskera, el gallego o el valenciano en todo el país.

Así lo han verbalizado representantes de la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Kontseilua, A Mesa pola normalización lingüística, Nogara, Ciemen, Iniciativa pol asturianu y Acció cultural del País Valencià frente al Congreso de los Diputados, donde han estado acompañados por diputados de Unidas Podemos, Bildu, ERC, PNV Junts, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís y el BNG.

Son estos los partidos que este martes defenderán en el Pleno una proposición no de ley que nació sobre la base del documento titulado ‘Plurilingüismo: libertad, igualdad y democracia’ promovido por estas entidades que luchan por la normalización de todas las lenguas cooficiales que conviven en España.

En concreto, en la iniciativa, los partidos firmantes piden acabar con lo que consideran una «imposición legal del castellano» en España, y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizando su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitiendo que figuren en el etiquetado de productos, y reconociendo nuevas, como el asturiano.

«NO ES UN CAPRICHO»

Las mismas demandas han realizado los miembros de las citadas organización pronormalización lingüística que, en un manifiesto leído frente a la conocida como Puerta de los Leones, han subrayado que la diversidad lingüística, su reconocimiento y su ejercicio, «no son un capricho» sino una «necesidad» para vivir «con dignidad colectiva» en una sociedad «plural, democrática y justa».

En este punto, han destacado que en España el 45% de sus ciudadanos vive en territorios con lengua propia distinta al español para apuntar que el Estado debe cumplir con los acuerdos y internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y garantizar, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.

Y es que, según apuntan, el Estado «debe ser consciente» de la, a su juicio, situación de «discriminación» a la que han sido sometidos los hablantes del catalán, el euskera o el gallego, y generar políticas activas para acabar con esta situación asumiendo que estas lenguas «deben gozar de los mismos derechos y deberes que el castellano».

Para ello, reclaman medidas «adecuadas» para ampliar el conocimiento «generalizado» de las lenguas distintas del castellano en sus respectivos territorios, y exigen al Estado a asumir su condición de «multilingüe» en su legislación y sus administraciones, comenzando por su Constitución, extendiendo el uso del catalán, el gallego o el esukera en las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional u órganos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

RECONOCER EL ASTURIANO O EL ARAGONÉS

También abogan por apoyar las reformas estatutarias para la oficialización de las lenguas propias que aún no son oficiales, como el aragonés o el asturiano, por garantizar su uso generalizado en las páginas oficiales, así como el «reconocimiento internacional» de estas lenguas «en paridad con el castellano».

Por último, piden poner fin con «la imposición legal exclusiva del castellano» en la normativa estatal por afectar «de manera frontal» al ámbito económico y, singularmente, al etiquetado, y la puesta en marcha de una política que termine con esta «discriminación» lingüística y fomente el conocimiento de otras lenguas.

Desde Bildu, que será la encargada de defender la incitativa en el Pleno, su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha dicho esperar que esta proposición no de ley sume el apoyo del Congreso porque contempla las mismas reivindicaciones que otras que se apoyaron en legislaturas anteriores.