La Asociación pola Defensa da Día (APDR) avanza que inicia los pasos para denunciar ante la justicia las declaraciones del CEO de Ence, Ignacio Colmenares, sobre un supuesto «susto» medio ambiental que podría dar la central de Lourizán, en Pontevedra.

Según expone el colectivo en un comunicado, estas palabras llevan detrás «un hecho presuntamente delictuoso», por lo que también instan a la Fiscalía a «asumir sus competencias» y a «todas las administraciones» para que adopten una posición «activa» e, incluso, ordenen el «cierre cautelar» de la actividad en la biofábrica.

Esta polémica parte de un vídeo protagonizado por Colmenares y difundido en los últimos días que, según se apresuró en denunciar la empresa, fue recogido en una «grabación ilegal» que está «sacada de contexto».

«Este extracto, de cerca de cuatro minutos de duración, es parte de una intervención de más de tres cuartos de hora» y las palabras difundidas sobre un eventual desastre medioambiental «no reflejan el sentido ni el significado», explicó la compañía en un comunicado, después de que el teniente alcalde de Pontevedra, Tino Fernández, pusiese el foco sobre este supuesto «susto medioambiental mayúsculo».

Sin embargo, estas explicaciones no convencen a la Asociación pola Defensa da Ría, que considera que el CEO «admite que a esta situación se llegó por la falta de inversiones» por parte de Ence, «una situación que es absolutamente irresponsable pero que muy bien podría tener implicaciones legales».

«Admite que, teniendo conocimiento de la gravedad de la situación que se puede derivar de esta falta de inversiones, no solo no hace nada por solventarla, sino que no toma la decisión de paralizar la producción en evitación del peligro inminente al que están expuestos trabajadores, ciudadanía y medio ambiente», recalca APDR.

Es más, la asociación se dice «preocupada» por las situaciones «de ruidos y olores normalmente superiores a los habituales» en el entorno de la planta de Lourizán. Frente a ello, pregunta a la Xunta y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, si «seguirá amparando las actividades ilegales» de la pastera.

Asimismo, al tiempo que avanza acciones judiciales y se dirige a la Fiscalía, APDR hace un llamamiento a Ayuntamiento de Pontevedra, Subdelegación del Gobierno y Xunta de Galicia para que «abran las correspondientes investigaciones para conocer el alcance de la situación descrita por el señor Colmenares» y tomen las medidas necesarias como, por ejemplo, el «cierre cautelar de la actividad industrial» de Ence en Lourizán.

De igual modo, la Asociación pola Defensa da Ría reitera sus críticas a la empresa por intentar «presionar por todos los medios a las administraciones y a la ciudadania pontevedresa», con el objetivo de continuar «de forma ilegal» su actividad y que se modifique el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que se tramita en el Congreso.