Los 26 ayuntamientos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) do Río Miño crearán un registro electrónico de los 25.000 trabajadores gallegos y portugueses que se estima están afectados por los cierres de fronteras entre ambos países.

En rueda de prensa este viernes, el diputado responsable de Mobilidade en la Diputación de Pontevedra, Uxío Benítez, ha señalado que esta medida busca «poner cara», «nombres y apellidos», a todas las personas afectadas por la medida «absurda» del cierre de fronteras, que ahora se prorroga hasta el 16 de marzo. El objetivo es reclamar «compensaciones» por los costes que sufren.

Y es que Benítez alerta de que estos trabajadores padecen un coste de entre «200 y 300 euros» al mes por tener que desviarse para atravesar el paso entre Tui-Valença (el de Salvaterra-Monçao solo está abierto durante algunas horas).

Lamenta que ambos Estados decidan no abrir más pasos porque dicen que «no hay dinero» para destinar más guardias que supondría abrir más zonas fronterizas, pero censura que España y Portugal deciden cargar esos costes sobre la población.

Y es que el diputado provincial denuncia el «ahogamiento absoluto» de la economía del río Miño, mientras los municipios afectados han realizado acciones protesta en las últimas semanas. Recuerda que esta frontera solo supone el 5% de toda la existente entre Portugal y España, pero registra el 50% de los vehículos.

Actualmente, esta zona transfronteriza cuenta con unos 150.000 habitantes. Así, se reclama que se reabran los seis pasos existentes ante los perjuicios se provoca a la población.

Igualmente, estos municipios reclaman «compensaciones» económicas por el impacto de esta medida. Así, se demanda partidas de fondos europeos para paliar el efecto frontera. Además, se presentarán mociones en los 26 municipios para reclamar las reaperturas.

ESTUDIO DE IMPACTO

Por su parte, el profesor de la Universidade de Vigo Francisco Xavier Martínez Cobas ha informado de las conclusiones de un estudio del impacto económico que supuso el cierre fronterizo de 75 días entre el 17 de marzo y el 1 de julio de 2020.

En ese periodo, unas 356.000 personas pasaron por el paso fronterizo entre Tui-Valença (más de 4.500 al día) con un tiempo medio de espera de 15 minutos a la ida y otros 15 a la vuelta. Esto se tradujo en la pérdida de casi 180.000 horas de trabajo.

Explica que los municipios del Miño cuentan con un continuo urbano, por lo que dice «no entender por qué es útil» ese cierre de fronteras en sentido sanitario. Pone de ejemplo los inconvenientes que supondría un cierre del puente de Rande.

Todo ello ha acarreado un impacto económico a la zona de unos 92 millones de euros. Ese factor transfronterizo supone que el descenso sea mayor en un 19% para la hostelería y en un 12% para el comercio solo por el cierre de pasos, más allá de las restricciones sufridas.

Además, Martínez Cobas alerta de que el actual cierre de pasos tendrá un «mayor efecto» que el que se produjo en 2020. Y es que por entonces había un confinamiento, pero en este caso hay «un cierto nivel de actividad», de manera que la clausura de fronteras es más pernicioso.